Recordó al PP su responsabilidad en la situación de la ciudadanía "por los recortes del Estado, la ley de estabilidad presupuestaria que nos obligaba a contener el gasto y que no permite a los ayuntamientos hacer nuevas contrataciones y la ley de racionalización que incluso llegó a negar las competencias de los ayuntamientos en materia de Servicios Sociales. Esto es lo que nos ha hurtado la posibilidad de avanzar a grandes pasos". "Con todo ello", recalcó "el presupuesto ha crecido un 45% en esta legislatura, llegando a los 785 millones de euros, frente a los 545 de 2016"
Interpelada por el Partido Popular, la consejera reprochó al diputado Antona que utilizara el Parlamento como plataforma para su candidatura política "me alegro de que por fin le interesen los temas sociales, pero no intente utilizarlo políticamente. Yo trabajo para la colectividad, no para intereses particulares ni electorales. Usted, viene aquí a pintar un panorama desolador cuando claramente no se ha leído el Plan de Vivienda de Canarias elaborado e ignora que está en exposición pública; no le ha echado ni un vistazo al Plan Integral de Atención a la Discapacidad, también disponible en la web; ni conoce la Estrategia de Infancia, ni el decreto de Dependencia".
Sobre este último tema, la consejera aseguró que no va a aprobar un decreto de dependencia sin consenso "Está en exposición pública para que todos, también los grupos de este parlamento, puedan hacer alegaciones. Empezar a criticar un decreto que no se ha aprobado aún, que está en una fase en la que quien vea posibilidad de mejora puede aportar y sumar, es precipitado y no lleva a ningún lado, cuando la voluntad de esta consejera ha sido siempre consensuarlo antes de aprobarlo y recibir aportaciones que sin duda serán muy valiosas".
En su intervención, la consejera recordó que este es "el período en que más ha crecido el empleo, tenemos récords históricos de afiliaciones a la Seguridad Social con más de 807.000 afiliaciones; se ha reducido la pobreza, y se han hecho más reconocimientos para el sistema de dependencia". Con la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, en trámite parlamentario, se pretende hacer converger a Canarias en la media estatal en 5 años, para posicionar a Canarias sobre el puesto número 9 de 19 posibles, en relación al porcentaje del PIB destinado al gasto en servicios sociales y promoción social", aclaró Valido, quien fue desgranando las avances que el Ejecutivo ha plasmado en las diversas áreas competencia de la Consejería.
En este sentido, aclaró que "la Ley de Servicios Sociales es justamente la que condicionará la mejora de las prestaciones y servicios en este ámbito". El proyecto de Ley de Servicios Sociales permitirá hacer modificaciones en la regulación de la Prestación Canaria de Inversión (PCI), en el sentido de las mejoras y excepcionalidades que se acuerden por consenso en la mesa concertación social de PCI. En este punto, aclaró que "si de 42 millones de euros que se destinaban a la PCI en 2015 habremos pasado a unos 62 millones a finales de 2018, en 2023 estaremos hablando de 130 millones de euros".
En relación al área de Dependencia y Discapacidad, Valido recordó que en los últimos tres años se han incorporado a un total de 12.770 nuevas personas al sistema, es decir, "casi trece mil personas que estaban fuera y que ahora reciben su prestación o sus servicios, un dato más que subrayable que implica, además, que se haya incrementado en más de 12 millones de euros en el gasto de las nóminas que se pagan a los dependientes en cumplimiento de la Ley".
En cuanto al Plan de Discapacidad, la consejera indicó que ya está elaborado y en exposición pública, "y se prevé que esté listo antes de finalizar el año".
En materia de Infancia, la responsable del área explicó que la Comunidad autónoma cuenta con la Estrategia Canaria de la Infancia y la Familia, para la que previamente se elaboró un diagnóstico, "ya en exposición pública para cerrarlo y firmarlo, después de haber elaborado un ejemplar estudio de situación con las dos Universidades, a lo que hay que sumar la modificación de la Ley Integral de Atención al Menor que ya ha sido remitida al Consejo Consultivo para que emita su informe".
Por último, en cuanto a la situación de las medidas en materia de pobreza, Valido recordó que la Estrategia de pobreza "no es una estrategia que pertenezca al ámbito de esta Consejería, sino que es un documento transversal con tres grandes ejes, ocho líneas de actuación, ocho objetivos estratégicos, treinta y cuatro objetivos operativos, ciento diez medidas y trescientas cuarenta y dos acciones definidas y asignadas al centro o centros responsables de su ejecución, con sus presupuestos asignados". En este punto, aclaró que "el presupuesto estimado de la Estrategia será de más de 500 millones de euros para 2019 y que en el total del trienio habremos destinado más de 1.616 millones de euros a mejorar la vida de los más desfavorecidos".