Hasta ahora, el seminario venía siendo gestionado por un Consejo Asesor formado por tres representantes de la Universidad y tres representantes nombrados por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, pero el 9 de junio de 2017 se vio necesario incorporar la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda al convenio de colaboración de manera que cuente también con dos representes de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia: uno del Servicio de Prevención y de Protección, y el otro del Servicio de Justicia Juvenil.
En consecuencia, hoy se llevó a cabo dicha adhesión, de forma que ambas consejerías del Gobierno autonómico asumen, por una parte, la obligación de fomentar la colaboración entre las partes de este convenio y los operadores jurídicos en materia de Justicia del menor de sus respectivos ámbitos y, además, los dos departamentos del Ejecutivo autonómico aportarán al seminario su saber hacer en relación a los equipos técnicos competentes en materia de menores para el desarrollo de los programas formativos, los estudios y los proyectos de investigación en materia de Justicia del Menor.
Al respecto, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, remarcó que la importancia de este convenio, y del propio seminario, explican la adopción de esta modificación y se mostró convencido de que la adhesión de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda supondrá un valor añadido al mismo, al tiempo que confió en que a partir de ahora su labor se verá reforzada.
Valido calificó de clave que la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia tenga su sitio en este seminario para seguir mejorando los programas formativos de las chicas y los chicos que están dentro del sistema judicial, de los que buena parte ya hace vida normalizada gracias a los proyectos educativos desarrollados con la Fundación Ideo. La consejera explicó que en nuestra comunidad hay cerca de 1.000 menores con medidas judiciales, de los que alrededor de 600 están en centros dependientes del Gobierno de Canarias, tanto en régimen abierto como cerrado.
Por su parte, Martinón, señaló que la atención a menores debe ser una prioridad de los gobiernos y que el Seminario Permanente de Multidisciplinar de Justicia del Menor es un buen instrumento para la atención de los quienes tienen problemas judiciales. Señaló que la ULL aporta su conocimiento e interés en el abordaje de problemas que afectan a la sociedad y que este es un ejemplo más de transferencia desde el ámbito académico a otros espacios.