Las entidades beneficiarias de estas ayudas son, en concreto, la Federación Arena y Laurisilva (149.000 euros), Mararía (52.530 euros), Asociación de Familias Monoparentales de Canarias (54.000 euros), Gara (57.683 euros), Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación (56.530 euros), Asociación Española contra el Cáncer (46.530 euros) y Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (12.428 euros).
La consejera en funciones, Cristina Valido, explicó ayer que su departamento ha habilitado un crédito extraordinario para garantizar la continuidad de proyectos "vitales", cumpliendo así con el compromiso adquirido con estas ONG para proporcionarles una alternativa, dada la inexistencia de una vía específica de financiación, y que sus iniciativas siguieran en marcha. "Es imprescindible que las entidades puedan seguir con la importante labor que desempeñan, ayudando a tantas mujeres a tener una vida digna", destacó.
La oportunidad de conceder las nuevas ayudas de forma directa por valor de casi 430.000 euros está avalada por el programa presupuestario "Fomento de la Inclusión Social" de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, que tiene como objetivo fundamental promover actuaciones encaminadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en exclusión social a través de programas desarrollados por entidades no gubernamentales, mantener y ampliar la red de centros y servicios de atención social básica, así como la realización de iniciativas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión. Así, esta Dirección General ha considerado que, en base a lo establecido en la Estrategia Canaria de Inclusión Social y a las instrucciones dadas por el Parlamento, debe tenerse especial consideración y priorizar proyectos destinados a paliar situaciones de exclusión o riesgo de padecerla respecto a mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, fundamentalmente como consecuencia de la imposibilidad por falta de financiación de continuar con determinados programas por parte de entidades dedicadas a su protección y que por su urgencia no pueden esperar a la tramitación de convocatoria pública.
La concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% es una medida del Estado para la financiación de programas de interés general. Hasta el año 2017 la convocatoria de estas subvenciones se había realizado con dos tramos, uno estatal y otro autonómico. A partir de 2018 se produjo un cambio en el modo convocatoria y los criterios de resolución para la baremación vienen determinados por el Estado. Estos criterios son los que han determinado la concesión provisional de ayudas a las entidades con fondos provenientes del IRPF publicada hace unos meses. En la citada resolución, se concedieron ayudas a un total de 147 proyectos de unas 137 entidades sociales con una financiación que ascendió a 6.957.307,88 euros.
En este contexto, Valido recordó que las entidades han solicitado que se impulse una nueva fórmula para adaptar las bases de la convocatoria a la realidad del Tercer Sector en Canarias, no sectorial, sino por proyectos de continuidad esenciales. Algunas de las peticiones que plantearon fueron que los proyectos innovadores o experimentales tengan una ponderación diferente o que se establezcan límites al número de proyectos a financiar por cada entidad partiendo de lo consolidado en el año anterior.