Los afectados denuncian que llevan más de 20 años luchando para que la Administración cumpla con el compromiso adquirido de poder optar como propietarios pasados los diez años. Aseguran que "esta situación de indefensión se debe a que el Instituto Canario de la Vivienda ha dejado durante años sin efecto este compromiso, beneficiando a la Empresa Pública Visocan, encargada de la gestión y cobro de los alquileres".
Otra de las peticiones que le han realizado al Diputado del Común, es que exista un control y fiscalización del dinero invertido en la "supuesta rehabilitación de las viviendas procedente de una partida extraordinaria del Gobierno de Canarias a la empresa Visocan, por un importe de 3,5 millones de euros". Denuncian que "las obras no se han ejecutado tal y como figuran en las licitaciones, presentado nuestras viviendas más daños ahora que antes de la rehabilitación".
También solicitan la devolución a los adjudicatarios "los importes cobrados de más por parte de Visocan en concepto de IBI y Mantenimiento", y que "se realice una auditoría de los ingresos generales que reciba dicha empresa para gestionar el parque de viviendas públicas de Canarias y en qué se están invirtiendo dichas subvenciones".
El Diputado del Común abrirá una actuación de oficio para recabar información de la Comunidad Autónoma sobre la situación denunciada por los afectados.