El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), que se actualizan cada tres meses.
La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
Del total de los 42 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2019, 12 corresponden al cuarto trimestre del año.
En cuanto a las personas acusadas en este tipo de procedimientos, –en total 253 en todo el año-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 39 de ellas en el último trimestre del año pasado.
Un 71 por ciento de las sentencias de 2019 fueron condenatorias
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 91 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 65 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 71,42 por ciento del total. Las 26 restantes, el 28,57 por ciento del total, eran absolutorias.
