En este sentido, se puso en marcha una línea de atención telefónica de emergencia, cuya actividad cesó el pasado día 1 de julio. Durante los más de tres meses que duró el Estado de Alarma, a través de esta línea se atendieron un total de 1.975 llamadas, a las que hay que sumar 265 peticiones de información y ayudas básicas recogidas en las distintas redes sociales y el correo electrónico de Cáritas Diocesana de Tenerife.
El mayor número de demandas se concentró en los Arciprestazgos de Granadilla, Taco, Santa Cruz Centro, La Salud e Isora, que se corresponden con los principales municipios del Sur y el área metropolitana de la isla de Tenerife. La mayor parte de las llamadas solicitaban orientación, información y apoyo a necesidades básicas, una respuesta que se puedo realizar gracias al esfuerzo y disponibilidad de un grupo de compañeras de la casa, que prestaron este servicio.
En cuanto a las atenciones básicas a familias, en los meses de abril, mayo y junio se contabilizaron más de 6.000, de las cuales un 15% fueron familias que hasta la fecha nunca habían acudido a Cáritas. Además, creemos que estas cifras continuarán creciendo en los próximos meses, debido a la inestabilidad laboral y los problemas económicos que está provocando la pandemia.
A pesar del cierre de la línea telefónica de emergencia abierta durante el Estado de Alarma, Cáritas Diocesana de Tenerife mantiene operativo el teléfono de los Servicios Generales (922 277212), así como el correo electrónico de la entidad (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Al mismo tiempo, contamos con una amplia red de Acogida de Base en nuestras Cáritas parroquiales, formada actualmente por 112 puntos de acogida, con 314 agentes directamente implicados, entre voluntariado, sacerdotes y personal técnico.
De igual modo, nuestros centros de estancia diurna para personas mayores reabrieron sus puertas esta semana, con las lógicas restricciones y medidas de distanciamiento social que impone la Administración sanitaria.
Por otro lado, nuestros recursos alojativos para personas en situación de sin hogar, los proyectos de unidades móviles de atención en calle y Base 25, de prevención del sinhogarismo y la exclusión residencial, se mantienen plenamente operativos, así como nuestros proyectos de empleo y economía solidaria.
El aumento del desempleo, y las limitaciones impuestas a los sectores productivos del Archipiélago, nos lleva a pensar que durante los próximos meses las peticiones de ayuda que nos llegan podrían continuar creciendo. No obstante, desde Cáritas se aplaude la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ya que entendemos que supone un "paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa", que además "nos dignifica como país, al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos".
En esta línea, creemos que "era necesaria la existencia de un suelo mínimo estatal común en todo el territorio, que limitara las inequidades". Este es un objetivo que queda cubierto con este ingreso mínimo vital, al "asegurar un mismo derecho efectivo independientemente del lugar de residencia y de los posibles cambios residenciales que se puedan producir".
Algo sumamente importante para Cáritas es que este recurso trata de evitar la pobreza severa, dando una especial atención a los hogares con hijos, aunque pierde capacidad protectora en los hogares de las familias más numerosas. Valoramos, además, de forma positiva "el reconocimiento que el Real Decreto-ley hace de los procesos de inclusión social, sin que sean una condición imprescindible para poder acceder al ingreso mínimo vital".
El Real Decreto-ley, sin embargo, todavía deja muchos aspectos sujetos a un desarrollo reglamentario posterior. La forma en cómo se acometa este desarrollo será esencial para dar respuesta a una realidad de exclusión social que es muy compleja y a la que el Ingreso Mínimo Vital no da respuesta completa. En este sentido, la participación de las organizaciones sociales en la elaboración del desarrollo reglamentario podrá asegurar una mejor y mayor respuesta a la realidad.
