La medida se gestó en el duro contexto impuesto por la Covid-19 y ante la certeza de que la crisis sanitaria iba a abrir la puerta a "una inmensa crisis social" entre cuyas consecuencias más dramáticas se encuentra el riesgo de que la familias con menos recursos tengan que abandonar su vivienda habitual, señala la consejera de Política Social de la Institución insular, Isabel Mena.
Con este acuerdo dirigido también a familias monomarentales, el Cabildo confía a Cáritas la gestión de 186.000 euros para dar apoyo directo a 40 unidades familiares con menores, mientras que Cáritas recibirá 199.000 euros y podrá abarcar hasta 90 familias apoyándose también en sus redes de voluntariado.
Mena aclara que esta iniciativa "no solo es una manera de garantizar que las unidades familiares con menores a su cargo no se queden en la calle, sino que plantea una atención integral" para la vuelta a la normalidad de estas personas y de sus hijos e hijas.
En cuanto al problema habitacional, el primer objetivo será siempre que estas familias permanezcan en su vivienda habitual, primero por el bienestar de sus integrantes, en especial los menores de edad, y porque así la atención profesional resulta más efectiva.
De ahí que estas ayudas se puedan destinar al pago de hipotecas y alquileres, evitando tanto desalojos como la generación de deudas, aunque la planificación también incluye buscarles un alojamiento alternativo si se llega a ese extremo tan poco deseable que Cabildo, Cáritas y Cruz Roja tratarán de evitar en todo momento.
Este programa de apoyo impulsado por la Consejería de Política Social forma parte del plan extraordinario del Cabildo ante el difícil paisaje socioeconómico que dibuja la Covid-19 en Gran Canaria y que está dotado con 160 millones de euros entre acciones directas, planes de choque y medidas sociales adicionales.