La vigencia de estos contratos expira el 28 de febrero y permite que las 5 organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan estos centros de la red insular puedan mantener sus servicios, ahora incluso con un más que notable aumento de los recursos económicos, pues la financiación por plaza y día pasa de 59 a 120 euros, la primera actualización desde 2008, explicó la consejera de Política Social de la Institución insular, Isabel Mena.
Esta iniciativa blinda por un lado la prestación de este servicio esencial en mejores condiciones y abre por otro un periodo transitorio para sellar la estabilidad a largo plazo en la gestión de estos 31 centros, hasta ahora sujetos a convenios, adendas, prórrogas y contratos puntuales de emergencia, con un concurso abierto en cuya articulación ya trabaja el Instituto de Atención Social Sociosanitaria (IASS) del Cabildo.
Esta vía de urgencia se sustenta en informes técnicos que avalan la continuidad de los prestatarios actuales de los servicios para evitar traslados innecesarios de los menores, a la vez que subrayan el riesgo para sus intereses que supondría cualquier interrupción mientras se tramita la contratación administrativa para consolidar la situación de estos espacios.
La decisión adoptada hoy en Consejo de Gobierno afecta directamente a las 5 entidades que gestionan los 31 centros, en este caso Mensajeros de la Paz, la Fundación Diagrama, Aldeas Infantiles, Cruz Roja y la Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro.
La red insular la componen 463 plazas, incluidas las 50 que gestiona directamente por el Cabildo en su centro de acogida inmediata y 4 hogares, las 10 plazas de encomienda de gestión del hogar que tutela el Ayuntamiento de Agüimes y las 403 plazas mediante gestión indirecta a través de entidades sociales, donde se engloban 3 centros de acogida y 40 hogares más, si bien la situación que ahora se aborda para su definitiva estabilización se centra en 31 centros con las 265 plazas citadas, ya también a las puertas de su normalización con el objetivo fundamental de ofrecer la mejor atención a los menores.
El Cabildo de Gran Canaria asumió en 1998 las competencias de la gestión de centros y servicios públicos de acogida de menores de carácter insular y supramunicipal tras la transferencia del Gobierno de Canarias.