CC.OO., UGT y la FEHT, consideran que la reubicación de estas personas desde los establecimientos turísticos a instalaciones públicas no está reñida con un trato digno y humanitario, si además ello va de la mano con las gestiones necesarias para su traslado a otras provincias de la península, donde se garantice, de la mejor forma posible, su desenvolvimiento social y personal, teniendo en consideración además, que la zona turística no es el lugar más adecuado para una atención adecuada para los menores de edad no acompañados, que merecen la dispensa de un ámbito de acogida adaptada a sus especiales necesidades.
Asimismo, ponen de manifiesto que resulta difícil de entender que se hayan suscrito contratos para el alojamiento de los inmigrantes en establecimientos, por un año de duración, cuando, como solución provisional, tal y como se demandó en su día, no debieron de ir más allá del 31 de diciembre del presente año. De igual forma consideran necesario aportar el dato de que el alojamiento de inmigrantes implica una dedicación de plantilla resulta del orden de un 30 por 100 de la necesaria para atender los servicios habituales de clientes.
Los interlocutores sociales consideran además que Canarias, simplemente no puede afrontar sola, la falta de medios para atender la llegada de la inmigración a
nuestras islas como está ocurriendo, por lo que una actuación coordinada con el Gobierno del Estado que propicie estos desplazamientos, resulta obligada. Pero en todo caso, debe abordar con absoluta determinación la habilitación inmediata de dichas instalaciones, de forma que nuestra zona turística recupere la normalidad, en estos momentos que está en ciernes la reactivación de la actividad, con la reapertura de nuestros mercados emisores de turistas.