Ante las constantes reivindicaciones del colectivo contra las violaciones de sus derechos por la falta de condiciones de accesibilidad universal previstas en la Ley, el Diputado del Común solicitó informe a los 88 municipios de Canarias. A través de estos se pidió a los ayuntamientos comunicar la existencia o no de diagnósticos específicos de accesibilidad física y cognitiva en los espacios públicos del municipio y, en caso de disponer de estos documentos, facilitar la programación de ejecución de los mismos.
Toda obra nueva debe ser necesariamente accesible y cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Con respecto a los bienes y servicios de titularidad pública es obligatorio que se den las condiciones adecuadas para que en el plazo de cinco a siete años desde la entrada en vigor de la Ley se adecue el medio para garantizar esa accesibilidad, y de diez a doce años para lo preexistente que no reuniera los parámetros requeridos.
Tras recibir este requerimiento por parte de la Diputación del Común, 81 ayuntamientos han dado respuesta, entre los que 21 han asegurado disponer de un Plan Pormenorizado de Accesibilidad Física en los espacios públicos del municipio, reduciéndose a dos los Planes que también contemplan medidas encaminadas a la accesibilidad cognitiva.
Los datos aportados muestran un escaso cumplimiento de la Ley de Accesibilidad en Canarias, que ponen de manifiesto que tan solo el 24% de los municipios cuenta con un Diagnóstico Pormenorizado de Accesibilidad.
El Diputado del Común insta a los ayuntamientos canarios que carecen de estos Planes al cumplimiento de la legislación y de la accesibilidad universal obligatoria, así como de las condiciones básicas que prevengan o supriman la discriminación de las personas con discapacidad. Asimismo, pide a los municipios que ya cuentan con un Plan seguir trabajando por su efectiva y correcta ejecución.
