Estas entidades llevan tiempo denunciando su situación de insostenibilidad financiera, debida a los retrasos del Cabildo y el Gobierno de Canarias en la firma de los convenios y en los pagos correspondientes por su atención a las personas con discapacidad, lo que ha provocado que no se pueda aumentar la oferta de plazas, aunque haya aumentado la demanda, y el retraso en el pago de créditos y nóminas a sus trabajadores. Actualmente la situación se hace insostenible por el impago del gobierno de Canarias de los 18 millones de euros que debe de 2012.
IUC cree que esta situación es intolerable, y llama a la ciudadanía de la isla a apoyar estas reivindicaciones y acudir a la manifestación del día 7 de noviembre. Por último, la organización de izquierdas buscará las vías para denunciar esta situación a través de la representación con la que cuenta, tanto a nivel municipal como en el congreso de los diputados.