En este particular, Bermúdez le entregó al secretario de Estado un detallado informe del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en el que se hace constar las diferentes situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes acogidos en los diferentes recursos, tanto de aquellas personas que salen de los CIEs, como aquellas que solicitan asilo en primera acogida, a las que se suman las que usan recursos humanitarios y en dispositivos de acogida de manera integral.
Bermúdez incidió ante González-Barba en que "necesitamos que el Gobierno de España tome medidas definitivas respecto al drama de la inmigración, tanto para garantizar una atención digna a inmigrantes a su llegada a Canarias, como para que se produzca una mayor coordinación entre diferentes ministerios implicados y la delegación del Gobierno".
"Habría que generar políticas coordinadas con Europa –argumentó el alcalde- para permitir que el flujo de la migración sea efectivo y se permita alcanzar a los migrantes su destino de manera ordenada" y abundó en que, además, se precisa que la UE "genere políticas efectivas en países tradicionalmente emisores de migrantes que mitiguen su necesidad de salida hacia diferentes puntos de Europa".
En otro momento de la reunión, José Manuel Bermúdez adelantó al secretario de Estado para la UE que "Santa Cruz aspira a obtener 619 millones para hacer posible la ejecución de 191 proyectos que pretenden recuperar el municipio y transformar la capital". En este capítulo argumentó que "el Estado debe tener en cuenta que la situación económica en Canarias es peor que la del resto de España, dado el 'cero turístico' que estamos viviendo, que impide la recuperación de las Islas".
Precisamente por ello, "los proyectos –avanzó el primer edil-, pretenden mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, con la intención de convertir el municipio en una referencia por su capacidad para atraer inversiones y hacer de esta una ciudad un lugar más sostenible, tanto para generar riqueza como para vivir".
Para ello, Bermúdez recordó que sería fundamental "establecer unos criterios objetivos para la adjudicación de recursos financieros de carácter europeo, apostando por una modificación de la normativa que permita dar mayor flexibilidad a la gestión de dichos proyectos, haciéndola más eficaz".