La subvención aprobada por esta línea está destinada a un proyecto de exhumación en Arucas, en la provincia de Las Palmas.
Ayudas a través de la FEMP
Las dos subvenciones restantes se basan en lo estipulado en el Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre, sobre concesión de una subvención directa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. A través de estas ayudas se va a financiar las actuaciones que lleven a cabo los Ayuntamientos para investigar, localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas en fosas de la guerra civil y el franquismo. El montante total de las mismas para toda España asciende a 750.000 euros.
Las dos actuaciones incluidas en esta plan se van a desarrollar en los ayuntamientos de Arucas, en la provincia de Las Palmas, y en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Los trabajos en ambos casos se centran en investigación y prospección y en San Cristóbal, además, se van a desarrollar labores de recogida de testimonios.
Estas dos líneas de ayuda conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática en el que ha invertido 1,5 millones de euros, de los que 1,2 millones van a ser destinados a labores de exhumación. Este plan pretende ser una fase transitoria hasta se ponga en marcha el Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, que cuenta con una financiación en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un total de cuatro millones de euros, tres para las comunidades autónomas y uno para las entidades locales, a través de la FEMP.
Con estas ayudas, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, revierte la situación que se había creado en 2013, cuando el Ejecutivo del Partido Popular decidió dejar sin presupuesto las políticas de memoria histórica. Además, el Gobierno da un importante impulso a las políticas de memoria en España, un compromiso que se ve, además, sustanciado en la nueva Ley de Memoria Democrática, que tiene que ser aprobada en las Cortes.