"Ubicado en una de las zonas más frías de Tenerife, en él se aglutina a más de 2.000 personas con carencias de alimentación, de abrigo y de asistencia sanitaria, unas deficiencias que han sido cubiertas por la voluntariedad de la sociedad canaria, y no por las instituciones", denuncia Hernández.
La portavoz sindical afirma que la falta de control sanitario en este espacio ha intensificado las condiciones de insalubridad en la que conviven las personas alojadas en el centro. "Son habituales las aglomeraciones de los migrantes durante los turnos del servicio de comedor y de ducha, además de que duermen más de 12 personas en una misma caseta", critica Hernández, que afirma que tanto la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, como el Gobierno de España, son conscientes de la imposibilidad de que en el campamento tinerfeño se pueda realizar dicho control.
Además, la portavoz sindical critica las deficiencias de los protocolos COVID, "miembros de Accem nos han indicado que las medidas sanitarias se limitan a la toma de temperatura de los usuarios una vez al día".
En este sentido, Patricia Hernández afirma que el comportamiento de los ejecutivos canarios y español no se corresponde con un gobierno progresista, "no han puesto en marcha acciones que permitan mejorar las condiciones de vida en el macrocampamento, haciendo la vista gorda a la situación de precariedad en la que conviven los usuarios, unas condiciones que han sido denunciadas por numerosas asociaciones e, incluso, por instituciones públicas".
Intersindical Canaria reclama el cierre de este macrocentro y que se distribuya a los migrantes entre otros espacios, tanto de Canarias como del territorio español, en los que sí existan condiciones dignas y se puedan aplicar los protocolos COVID.

Intersindical Canaria