El nuevo presidente del TSJC, que juró el cargo apadrinado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial Francisco Gerardo Martínez Tristán, sucede en el cargo a Antonio Doreste Armas, y accede a la cúpula de la judicatura en las Islas tras casi 19 años seguidos como magistrado juez decano del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, cargo al que se llega por elección entre los jueces/as y magistrados/as del partido judicial. Desde 2009, era el titular del Registro Civil Único de la capital santacrucera.
En su discurso de toma de posesión, Lorenzo Bragado identificó los, a su juicio, retos más acuciantes de la Justicia en Canarias: atender a las jurisdicciones más afectadas por la pandemia (Social y Mercantil); prestar atención a los partidos más colapsados (Granadilla de Abona, Puerto del Rosario, Arona y San Bartolomé de Tirajana, en este último caso "abordando la problemática derivada de la inmigración irregular"); impulsar la solución de los problemas de infraestructuras, "acuciantes" en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario; contribuir a la implantación del expediente judicial electrónico y la consiguiente eliminación del papel y, por último, abordar los nuevos modelos organizativos: la nueva oficina judicial y los tribunales de instancia, "si finalmente se aprueban las reformas".
El nuevo presidente del TSJC recordó que Canarias es actualmente el territorio con mayor tasa de litigiosidad del país,y advirtió al respecto: "Mejor que crear más juzgados será tener menos pleitos, y eso pasa por la necesidad de impulsar los medios alternativos de solución de conflictos: conciliación, mediación, arbitraje. Hay que trasladar a la sociedad el mensaje de que la mejor solución –porque es la que mejor se acepta–, es la que se dan a sí mismas las partes. Para ello hay que concienciar, educar, cambiar mentalidades y, sin cuestionar el derecho que todo ciudadano tiene de acudir a los tribunales, hacer ver que esta debe ser la última ratio, el último recurso".
Tachó de "fundamental" la labor de los medios de comunicación para trasmitir a la sociedad la actividad de los tribunales, y enfatizó que ésta "debe estar presidida siempre por la transparencia".
Miembro de la judicatura desde 1989 y cumpliendo destinos en Canarias desde 1996, Bragado hizo una encendida defensa de la Constitución, tildándola de "ejemplar", al ser la primera en España que nació "de un verdadero consenso": "Por eso y por los valores que encarna, lo que nos incumbe a todos, cada uno desde nuestro puesto, es cumplirla y hacer que se cumpla, con pleno convencimiento, sin reservas mentales", expuso. "Ese debe ser nuestro compromiso, el compromiso de todos los que creemos en el Estado de derecho, la democracia, la libertad, el pluralismo y el respeto de los derechos fundamentales, y, entre ellos, de manera señalada, en lo que nos concierne directamente, la tutela judicial efectiva. Esa es la tarea que corresponde al Poder Judicial y a ella deben orientadas también todas las actuaciones de sus órganos de gobierno, garantizando la independencia de la carrera judicial y procurando que quienes la integran cuenten con los medios necesarios para realizar de manera satisfactoria su trascendental labor constitucional", añadió.
Lorenzo Bragado se mostró partidario de afrontar los problemas coyunturales "como los derivados de la pandemia" a través de "planes específicos de actuación", proponiendo medidas de apoyo y de refuerzo.
En cuanto a los problemas estructurales, el nuevo presidente del TSJC aseveró que la solución más simplista "es reclamar un incremento del gasto público".
Matizó que "por supuesto, dentro de las políticas de cualquier gobierno, la de Justicia debe considerarse esencial y prioritaria", aunque recalcó que "la experiencia demuestra que no necesariamente cada euro gastado de más se traduce en una mejora significativa".
En este sentido, destacó que Canarias "es una de las comunidades que más invierte en justicia. Así, en el presupuesto para 2021 se destinan más de 168 millones de euros, unos 75 euros por habitante y año. Ha de reconocerse, pues, el esfuerzo inversor de la Comunidad, lo que no se traduce, sin embargo, en unos indicadores sobresalientes. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de buscar, además, otras soluciones".
Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo tomó la palabra para cerrar el acto y enfatizó que si algo ha dejado patente la crisis generada por la Covid-19 es, entre otras cuestiones, "que nuestro sistema de Justicia ha demostrado, pese a las dificultades, que es un servicio público esencial en los momentos de mayor adversidad y que ha sabido actuar con verdadera eficacia en la resolución de conflictos".
Lesmes definió al nuevo presidente del TSJC como "ante todo, un servidor público consciente de las necesidades que hoy plantea la sociedad española" y destacó "su talante abierto, su extraordinaria capacidad de trabajo, su apuesta decidida y firme por una Justicia ágil y, en definitiva, su gran profesionalidad y lealtad".
El presidente del Gobierno de los jueces también tuvo palabras de gratitud para el presidente saliente, Antonio Doreste, de quien destacó su "honestidad y lealtad": "un hombre de trato cercano y amable, que destaca por el profunda análisis jurídico de las cuestiones a las que ha tenido que enfrentarse en el ejercicio de la jurisdicción", subrayó.
El acto se celebró con un aforo muy reducido en la sala –40 personas- y fue retransmitido a través de internet en alta definición. Entre las autoridades asistentes se encontraba el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias Julio Pérez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, el delegado del Gobierno Anselmo Quintana y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hildago. No pudieron asistir por compromiso ineludible con el pleno del Parlamento de Canarias el presidente del Gobierno autónomo Angel Víctor Torres y el de la cámara autonómica, Gustavo Matos.
