El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero, Felipe Afonso, se reunieron con la directora de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), Mónica Hernández, y con representantes de la Junta Directiva, quienes pusieron una queja por la decisión del Cabildo de Lanzarote de sacar a licitación y concurrencia competitiva los servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual que son gestionados por esta Organización.
Hasta el año 2017, la Entidad ha trabajado mediante convenios firmados con la Administración Pública de la Isla, momento en el que se cambia la ley estatal de Contratos del Sector Público "y momento en el que empezamos a tener un problema jurídico bastante importante, ya que desde el Cabildo de Lanzarote se nos confirma a finales de 2017 que no se va a llevar a cabo la firma del contrato debido a las modificaciones recogidas en la nueva ley", según afirmó la directora de ADISLAN.
Sin embargo, actualmente la Asociación sigue trabajando como venía haciendo con anterioridad y sigue teniendo "un volumen importante" de servicios exclusivos que son de gestión pública, entre los que se encuentran una residencia de 30 personas, 3 hogares funcionales que atienden a 17 jóvenes, un centro de día para 50 personas y un centro ocupacional para 65 usuarios.
Ante esta situación, calificaron la posición actual de la Organización de "desprotección legal" al no disponer de un documento vigente desde el año 2017 que regule la relación contractual con la Administración.
Aunque la Asociación afirma haber dado distintas alternativas legales al Cabildo de Lanzarote para evitar estos hechos y dar protección a la continuidad de ADISLAN en la gestión de los servicios, la Institución muestra un posicionamiento firme desde el año 2020 en la licitación de estos, "con el riesgo que esto conlleva, como la mercantilización de la asistencia a personas con discapacidad intelectual y el traspaso de la gestión de estos servicios a empresas privadas con ánimo de lucro", según aseguró Hernández.
En este sentido, la directora informó sobre el "agravio comparativo" que existe en el Archipiélago a la hora de aplicar la normativa. "Mientras en Lanzarote se dificultan los convenios, el resto de las entidades de otras islas que desarrollan servicios de atención a personas con discapacidad intelectual continúan con estos contratos y, en ningún momento, se les ha puesto ningún inconveniente para su continuidad".
El Diputado del Común pedirá al Cabildo de Lanzarote un informe sobre la licitación y concurrencia competitiva en la gestión de estos servicios.
