El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reunieron con representantes de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC) para conocer de cerca la situación a la que se enfrentan los vecinos y las vecinas de Puntalarga y El Faro, en Fuencaliente, tras la notificación de desalojo forzoso de estas zonas del municipio y la demolición de más de medio centenar de viviendas.
Rafael Yanes fue informado sobre las repercusiones de estas acciones, que perjudicarían a unas trescientas personas en la zona debido a los desalojos forzosos y a la demolición de 25 viviendas en El Faro y más de 30 en Puntalarga.
Desde que el Servicio Provincial de Costas de Tenerife notificase sobre estas actuaciones, la ciudadanía vive en un estado de preocupación constante y defiende que estos núcleos poblacionales ya existían desde mucho antes de que hubiese una ley de costas y, por tanto, esta forma de proceder supondría un ataque directo a la historia de estos pueblos.
Desde la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas se están tomando acciones legales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, y se ha pedido la suspensión cautelar de la autorización judicial que evite los desalojos por los graves perjuicios que estos provocarían a la ciudadanía.
En este sentido, informaron de que se han presentado varios recursos, uno de ellos ante la orden de demolición inminente de las viviendas, aunque declararon que aún no disponen de una notificación oficial sobre la resolución de estos.
Asimismo, aseguraron haber solicitado al Gobierno de Canarias acelerar las transferencias de las competencias en Costas con el Estado, y reactivar la Comisión Mixta que se firmó entre la PCALC y el Ejecutivo regional en 2016 en las que se recogía, entre otros asuntos, no llevar a cabo desalojos obligatorios en zonas urbanas consolidadas y, de ser imprescindible, destinar nuevos terrenos a la población.
Las personas afectadas por esta Ley se comprometieron a facilitar la documentación oportuna a la Diputación del Común que, esta, a su vez, remitirá al Defensor del Pueblo para que lleve a cabo la investigación pertinente, al ser la Dirección General de Costas un organismo de la Administración General del Estado y, por tanto, corresponder a la Defensoría Estatal la gestión de este expediente.