Este acuerdo se ha adoptado, tal y como ha informado al final de la sesión el propio Julio Pérez, después de estudiar un informe realizado por un grupo de trabajo designado por la propia comisión, del que formaban parte Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.
La propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la comisión, salvo los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que han votado en contra, no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación.
Salvo estos dos votos en contra, el resto ha respaldado tanto el contenido como el procedimiento seguido para informar del Catálogo y también las observaciones que se van a trasladar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para que las tenga en cuenta de cara a su aprobación. En primer lugar, que no incluya la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del Catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.
También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy tras "un debate sereno, detenido y constructivo". Ahora, ha agregado, quedan los siguientes pasos que tiene que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.
Julio Pérez ha anunciado que la siguiente propuesta de catálogo a informar por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, según ha señalado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, será el de Las Palmas.
En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.
Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.
El Gobierno de Canarias había recomendado que la ULL no participara en el debate de este punto, tras haber suscrito un convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de estos catálogos, ni tampoco la catedrática autora del estudio que ha servido de base para el Catálogo de Santa Cruz, María Isabel Navarro. Ni la ULL ni Navarro han asistido hoy a la Comisión de la Memoria Histórica.
