De este modo, el Gobierno aprueba la mayor partida histórica en dependencia, que duplica prácticamente la inversión estatal en esta materia en apenas dos años y revierte los recortes de las legislaturas previas.
Con esta distribución, el Gobierno amplía y mejora los criterios de reparto con tres objetivos: la reducción de las listas de espera, la mejora de la calidad del
empleo en el sector y la optimización de la calidad de las prestaciones y servicios.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha incrementado de manera notable, en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022, las cuantías
que aporta a las comunidades autónomas para la atención de personas en situación de dependencia.
