La aprobación de esta orden deja sin efecto la aprobada el 5 de diciembre de 2018, por la entonces Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (BOC número 244, de 18 de diciembre de 2018), que establecía un cuadro de exclusiones médicas en cuyo primer punto aparecía la talla, fijando una estatura mínima para acceder al CGPC de 1,65 metros, en los hombres, y de 1,60 metros, en las mujeres.
En opinión de la Dirección de Seguridad y Emergencias, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la anterior orden, la necesidad de aportar una mayor seguridad jurídica a las personas que opositan y las recientes medidas adoptadas, tanto a nivel europeo como nacional, en las que existe una marcada tendencia a suprimir la estatura como requisito de acceso a los cuerpos policiales de naturaleza civil, aconsejan actualizar y revisar las causas médicas de exclusión para el ingreso en el CGPC, eliminando la estatura mínima y aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes. En este sentido se suprimen el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.
El artículo 24 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, en su apartado 1, recoge que el acceso a las diferentes escalas y empleos se llevará a cabo conforme a los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, así como al de publicidad en el proceso selectivo. Igualmente, el apartado 4 de dicho precepto prevé que, para poder ingresar en las diferentes escalas y empleos, las personas aspirantes deberán reunir determinados requisitos, entre los que se encuentran no hallarse incluido en ninguna de las causas del cuadro de exclusiones médicas establecido.
Entre otras, por ejemplo, obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo; enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales; alteraciones del aparato locomotor que, a juicio de la Comisión de Evaluación Médica, limite o incapacite para el ejercicio de la función policial; cualquier tipo de psicosis o trastorno afectivo, neurótico o de personalidad, no controlado, que afecte a un adecuado comportamiento social y laboral; o trastornos mentales y del comportamiento causados por el consumo de sustancias psicotrópicas.
