El proceso de identificación de las y los represaliados se inició tras el Pleno insular celebrado en mayo de 2021, en el que se aprobó una moción auspiciada por los grupos políticos Nueva Canarias, Socialista PSC-PSOE y Sí Podemos para la declaración de reparación y reconocimiento de las personas afectadas por estas depuraciones.
Como argumentaron las tres formaciones políticas en su propuesta, el propósito es "reparar la injusticia histórica y el atentado a los derechos fundamentales del personal del Cabildo de Gran Canaria que perdió su puesto de trabajo o fue suspendido de empleo y sueldo como víctima de la depuración ejercida por el Régimen Franquista".
Así, de la mano de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia que conduce Sara Ramírez, se puso en marcha el estudio de los expedientes de las posibles víctimas en el Archivo General de la Institución, para lo que se contó con un listado aportado por el historiador José Alcaraz Abellán en su tesis 'El Cabildo y la institucionalización del Régimen Franquista en Gran Canaria: Poder Político y relaciones sociales entre 1936 y 1960', así como con la colaboración del también historiador Sergio Millares.
Como resultado de ese trabajo, se ha elaborado una relación con todas las personas que fueron objeto de investigación y se les abrió expediente, de las cuales han quedado 35 nombres, una lista que es susceptible de ser ampliada en caso de que alguna persona pueda aportar información que no figure en los archivos del Cabildo. De las personas investigadas en su momento por los órganos represores, hay constancia de que hubo un grupo de trabajadores y trabajadoras que fueron expedientados en la misma época por sus vínculos o manifestaciones políticas, e incluso de personas que fueron víctimas de los asesinatos que se perpetraron en La Marfea.
Julio de 1936, comienzan las represalias
En su tesis, José Alcaraz Abellán narraba que "las depuraciones de funcionarios considerados desafectos, dado lo temprano de la imposición del nuevo poder militar, comenzarán desde julio de 1936 en aplicación del bando declaratorio del estado de guerra. Precisamente, en agosto de 1936 se le exige a todo el personal la firma de un documento personal de adhesión al levantamiento armado. Inicialmente son cesadas, incoándoseles a continuación expediente de depuración, todas aquellas personas al servicio de los establecimientos insulares detenidas por las autoridades militares. Posteriormente, también lo serán aquellas sometidas a consejos de guerra, existiendo además casos de depuraciones por situaciones concretas, tales como: denuncias, encontrarse en la llamada 'zona roja' el 18 de julio, permaneciendo en unos casos o regresando en otros".
El Gobierno insular ha considerado que estos hechos están contemplados en el artículo 3.3 de la Ley de Memoria Histórica sobre Declaración de ilegitimidad las sanciones impuestas por la Comisión Gestora del Cabildo de Gran Canaria y recogidas en las actas y decretos que constan en el Archivo General del Cabildo de Gran Canaria.
Y es que el objetivo de la Ley de Memoria Histórica es reconocer y ampliar los derechos a favor de quienes padecieron este tipo de persecución y violencia, en aras de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, además de fomentar los valores y principios democráticos, mediante el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Con esa base, el Cabildo de Gran Canaria solicitará al Ministerio de Justicia del Gobierno de España la expedición de la Declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en el artículo 4.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, para las y los empleados públicos de la Institución que fueron sancionados y depurados por estos motivos por la Comisión Gestora Militar, en relación a aquellas personas que hayan fallecido y que carezcan de familiares que puedan ejercitar este derecho.
Una vez obtenida esa declaración, se incorporará a los expedientes personales que se encuentran en el Archivo General, para que quede constancia de su reconocimiento como víctimas del franquismo y de cómo su defensa de la libertad y la legalidad democrática les llevó a perder y sus puestos de trabajo. Finalmente, se han iniciado los trámites para celebrar un homenaje público a quienes fueron víctimas de represalias.
Las víctimas
Las personas represaliadas que se conocen actualmente trabajaban, en su mayoría, en los servicios sociosanitarios del Cabildo y son: Teófilo Alfaro Alonso; Jacinto Alzola Cabrera; José Barrera Barrera; Antonio Cardona Arencibia; María Fernández Jesús; Lorenzo Figueroa Fernández; Felipe Figueroa Padrón; Carlos Franchy Aduain de Zumalave; Ángel García Mendoza; Julia Emilia González Ojeda; Francisco Hernández Guerra; Antonio Junco Toral; Aurelio Lisón Lorenzo; Manuel López Díaz; Pablo María de la Luz; Domingo Marrero Ruiz; Antonio Mejías Ascanio; Agustín Melián Cabrera; Fernando Morales González; Francisco Moreno Hernández; Francisco Navarro Verdú; Sebastián Ojeda Domínguez; Rafael Pérez León; Diego Quintana Quintana; Juan Ramírez Llarena; Remedios Rivero Avivar; Luis Rivero Luzardo; Florentino Rodríguez Santana; Narciso Roque Lorenzo; Francisco Santana Almeida; Asunción Santaugini Mestres; Julia Soler Córdoba; José Suárez Saavedra; Antonio Trujillo García; Emilio Valle y Gracia.
Aquellas personas que puedan aportar información sobre personal del Cabildo que pudo ser represaliado por sus ideas políticas o actividad sindical, tras la sublevación militar, podrán dirigirse al siguiente correo electrónico: memoriademocratica @ grancanaria.com.
