El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de Unión General Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Intersindical Canaria (IC), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA) y Comisiones Obreras (CCOO) para hablar sobre el teletrabajo en las Administraciones Públicas.
Los sindicatos manifestaron que defienden a los empleados públicos y a los ciudadanos y que el proyecto de decreto garantiza la calidad de los servicios al ciudadano. En esta misma línea, aclararon que "son inciertas las declaraciones de algunas empresas y políticos que afirman que no funciona esta modalidad de prestación de servicio a distancia".
El representante de Comisiones Obreras, Jorge Reyes, recalcó que "el teletrabajo es un derecho de los empleados públicos y es de recibo que podamos ejercer esta forma de trabajo en condiciones reguladas". Además, añadió que "de 72.000 empleados públicos de Canarias, solo un 3% está teletrabajando en la actualidad, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea alcanza el 50%".
Desde Intersindical Canaria, Francisco Alemán señaló que "el teletrabajo debe ser regulado para no perjudicar a la ciudadanía, que debe saber que la problemática está en la organización, en los procesos selectivos y en la falta de personal y no en el teletrabajo".
Por su parte, el Diputado del Común señaló que "el teletrabajo es una realidad que el Gobierno tiene la obligación de regular". Añadió que se trata de un Decreto marco y que lo importante es una adecuada aplicación. Desde la Diputación del Común "hemos pedido a la Administración Pública que mida la productividad y, que en los casos en los que afecte negativamente a la calidad de los servicios públicos, se debe evitar".