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05 May

Mitma firma un acuerdo con Canarias para financiar con más 1,6 millones de euros la compra de 19 viviendas para alquiler social

Madrid/ El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha firmado un acuerdo con la Comunidad Autónoma Canarias para financiar con más de 1,6 millones de euros la adquisición de 19 viviendas para alquiler social por parte de esta con cargo al Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025.

El presupuesto total para esta actuación, incluyendo la aportación del promotor, asciende a más de 2,6 millones de euros.


El acuerdo, suscrito a finales de 2022, incluye también actuaciones de rehabilitación en las 19 viviendas con las que se impulsará el parque público de vivienda en alquiler social o a precio asequible en las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arona, San Cristobal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
Esta firma se suma a otros acuerdos suscritos con Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana, a través de los que Mitma financiará con 45,5 millones de euros del Plan 2022-2025 la adquisición de 568 viviendas para alquiler social y acometerá actuaciones de rehabilitación en 283 de ellas. El presupuesto, incluyendo las aportaciones de los gobiernos regionales y locales, así como otras administraciones y los promotores, alcanza los 76,3 millones de euros.
Todos los acuerdos se enmarcan en Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, que cofinanciancia, entre otras medidas, el incremento del parque público de vivienda mediante la concesión de ayudas a las comunidades autónomas, así como a sus entidades vinculadas o dependientes, de hasta el 60% del coste para la adquisición de viviendas que pasen directamente a engrosar el parque público en alquiler asequible o social.
El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 da continuidad al plan ejecutado entre 2018 y 2021 y forma parte del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) puesto en marcha por el Gobierno para promover la puesta a disposición de los ciudadanos viviendas asequibles a través de diferentes iniciativas.
Plan Estatal de Vivienda
El Plan Estatal de Vivienda cuenta con varios programas que articulan la concesión de ayudas al alquiler; la financiación de actuaciones para erradicar la infravivienda y el chabolismo, para mejorar la accesibilidad de las viviendas y promover la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas:
• Programa de ayuda al alquiler de vivienda, incluyendo medidas especiales para personas especialmente vulnerables, población en situación de vulnerabilidad sobrevenida o jóvenes.
• Programa de incremento del parque público de viviendas.
• Programa de fomento de viviendas para personas mayores o personas con discapacidad.
• Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing de viviendas intergeneracionales.
• Programa de puesta a disposición de viviendas de entidades públicas para su alquiler como vivienda social.
• Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas libres para su alquiler como vivienda asequible o social.
• Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.
• Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda.
• Programa de ayuda para el pago del seguro de protección del alquiler.
Para activar los diferentes programas de ayudas en materia de vivienda durante los cuatros años de vigencia del Plan 2022-2025, Mitma ya ha firmado convenios con todas las comunidades y ciudades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra debido a su régimen foral. Estos 17 convenios cuentan con una aportación por parte del Ministerio de más de 1.420 millones de euros.
Las comunidades autónomas, que son las que ostentan la competencia en materia de vivienda, son las responsables de sacar las convocatorias correspondientes a las ayudas públicas establecidas en el marco de este Plan Estatal.
Los destinatarios de las subvenciones pueden ser, según el tipo de programa, tanto personas jurídicas (administraciones públicas, organismos públicos, entidades de derechos público y privado, empresas, fundaciones, entre otras) como personas físicas (propietarios, arrendatarios, personas especialmente vulnerables o que hayan sido objeto de desahucio, personas sin hogar y otras).

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