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11 Abr

Crisis Sanitaria y de Bienestar Animal en los Mataderos de Canarias: Una Llamada a la Acción

Canarias/ La reciente polémica desatada en La Palma, tras la denuncia del portavoz del grupo socialista en el Cabildo Insular sobre el cese de sacrificio de animales en el Matadero Insular por la falta de un veterinario oficial, ha revelado una preocupante realidad que trasciende las fronteras de una sola isla, afectando a la comunidad autónoma de Canarias en su conjunto. Esta situación no solo pone en riesgo el sector ganadero local, sino que amenaza la salud pública de millones de consumidores, residentes y visitantes, en una comunidad donde el turismo juega un papel económico vital, con más de 14 millones de visitantes en el año 2023.

Es crucial entender que las funciones de un veterinario oficial en los mataderos son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. Estos profesionales están encargados de controlar todo el proceso, desde la llegada de los animales hasta la obtención de la carne, asegurando que solo aquella que no representa riesgos para la salud pública sea declarada apta para el consumo humano. Además, garantizan el bienestar animal durante todo el proceso. Tanto es así, que la presencia de un veterinario oficial en el matadero es un requisito indispensable establecido por imperativo legal a través de un Reglamento Europeo, sin el cual, no se puede asegurar que la carne que se distribuye por los diferentes canales de venta, sea apta para el consumo humano. No podemos olvidar casos tan sonados como el de las vacas locas, u otras intoxicaciones que pueden producir la muerte tales como Listeriosis, Triquinosis o Salmonellosis

Para ejercer estas funciones, la Unión Europea exige que los veterinarios sean funcionarios, seleccionados mediante un riguroso proceso y con una formación específica de al menos 200 horas. En Canarias, esta responsabilidad ha recaído sobre los inspectores de salud pública.

La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias ha hecho pública su denuncia sobre la grave situación provocada por la ineficiente gestión de la Administración Sanitaria. Este cuerpo especializado, aunque bien formado y capacitado, se ve abrumado por la escasez de recursos materiales y humanos, lo que impacta negativamente en su capacidad para cumplir con sus funciones esenciales. Los datos son alarmantes: en Tenerife, 40 inspectores deben compartir tan solo cuatro coches, y en Gran Canaria, la situación es aún más precaria con cero vehículos disponibles. La proporción de un inspector por cada 25.000 habitantes en Canarias contrasta significativamente con la media nacional de uno por cada 12.000.

Aunque los inspectores de salud pública están cualificados y tienen la formación requerida, el número insuficiente de estos profesionales y la sobrecarga de trabajo les impide cubrir adecuadamente todas las necesidades. Esta situación se agrava por el hecho de que el personal contratado para realizar estas funciones a menudo no cumple con los requisitos de formación y experiencia exigidos por la normativa europea. La renuncia del veterinario designado para el matadero de La Palma, y la posterior formación apresurada y deficiente de su reemplazo, son solo ejemplos de cómo esta crisis se ha manifestado, llevando a la paralización de actividades cruciales para la economía local y poniendo en peligro la salud pública.

La repetición de este tipo de situaciones en todos los mataderos de Canarias pone de manifiesto una problemática profunda que requiere una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades sanitarias de Canarias. Es crucial incrementar el número de inspectores de salud pública y asegurar la presencia de veterinarios oficiales cualificados en todos los mataderos para cumplir con las normativas de formación y capacitación europeas.

La salud de los consumidores canarios y de los millones de turistas que visitan las islas cada año, así como el bienestar de los animales, dependen de la capacidad de la Administración Sanitaria de Canarias para actuar de manera responsable y efectiva. Los inspectores de salud pública, con su formación y dedicación, son una pieza clave en este esfuerzo, pero necesitan el apoyo de políticas y recursos adecuados para poder realizar su trabajo de manera efectiva.

Esta denuncia no busca sólo resolver una situación crítica en los mataderos de Canarias, sino también destacar la importancia de la seguridad alimentaria y el bienestar animal como pilares fundamentales para la salud pública y la sostenibilidad de la industria turística en las islas. Es imperativo que la Administración Sanitaria de Canarias tome medidas decisivas para reforzar estos aspectos, asegurando un futuro saludable y próspero para todos los habitantes y visitantes de Canarias. La inacción no es una opción viable; es momento de proteger nuestra salud, economía y valores con acciones concretas y comprometidas.

Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias

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