Explicó que la norma se hace imprescindible porque la legislación actual no garantiza una buena muerte para todos los ciudadanos. Además, señaló que no sería necesaria si el Estado hubiese promulgado una norma básica, pero el proyecto presentado durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero no llegó a tiempo del final de legislatura y la posterior proposición de ley fue arrollada por la mayoría que apoya al actual Gobierno de Mariano Rajoy.
Ante las críticas del Grupo Parlamentario Popular a la propuesta presentada por los grupos Socialista y Nacionalista, el diputado del PSOE recordó que en las tres comunidades autónomas donde ha prosperado un texto similar, el PP ha apoyado al menos en parte su articulado. "La incertidumbre que genera una legislación insuficiente es una carga añadida para personas que están en el peor momento de su vida, provocando desconfianza en los pacientes e inseguridad en los profesionales, a lo que se añade un discurso mediático social, impregnado de fundamentalismo sobre la sacralidad de la vida", dijo.
Jesús Morera indicó que los avances de la ciencia permiten la prolongación de la vida o el mantenimiento de las funciones vitales hasta límites insospechados, lo que puede llevar en algunas ocasiones a que pacientes con enfermedades neoplásicas o degenerativas irreversibles con pronostico vital infausto lleguen a una situación terminal con intenso sufrimiento personal y familiar en un entorno de atención sanitaria intensiva altamente tecnificada.
"En un Estado de derecho, morir bien no puede seguir dependiendo de las creencias del médico que a uno le toque, sino que debe ser una garantía para todos los ciudadanos", insistió el parlamentario, quien precisó que la emergencia del concepto de la autonomía personal ha modificado profundamente los valores en la relación médico y paciente, "y qué mejor momento para respetar la voluntad de una persona que en la etapa previa al final de su vida".
El diputado socialista sostuvo que el exceso de medidas de soporte vital para mantener artificialmente una vida sin posibilidades reales de recuperación es contrario a la dignidad humana. Añadió que la labor de los profesionales implicados en el proceso final de la vida de un paciente se ve perjudicada por varias circunstancias. "La negación u ocultación que gran parte de la sociedad hace de la muerte, las expectativas poco realistas de los familiares o del paciente en situación terminal, o la incertidumbre respecto al resultado de determinados tratamientos generan una situación de inseguridad que lleva a la inhibición de los profesionales en la toma de decisiones en esta situación".
Subrayó que esta Ley quiere contribuir decisivamente a proporcionar seguridad jurídica, a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios en las actuaciones contempladas en ella. Destacó que en el texto se citan términos muy duros como "obstinación terapéutica", "y es cierto que en muchas ocasiones profesionales sanitarios y familias nos empeñamos en intentar cosas que realmente son fútiles y lo hacemos con toda nuestra buena intención por el hecho de pensar que se hizo todo lo posible, cuando quizás ese no era el deseo del paciente y lo que de hecho conseguimos es sólo prolongar su sufrimiento".
Tras aclarar que una cosa es eutanasia y otra evitar la obstinación terapéutica, hizo hincapié en que esta ley abre la puerta a que los pacientes, sus familiares si fuera menester y los profesionales sanitarios hablen del momento en que se deben parar las acciones con intento terapéutico y emprender el cuidado paliativo hasta sus extremos. También recoge explícitamente la elaboración de plan de cuidados paliativos para Canarias, "herramienta sumamente necesaria que ayudará a articular las necesidades de recursos humanos, materiales y organizativos para asentar una labor que ya se está haciendo con magnífica consideración de la ciudadanía".
"Estamos ante una ley valiente que afronta cuestiones que ya son exigidas por muchos pacientes y realizadas por muchos profesionales, pero que conviene dejar por escrito en un texto con rango de ley que comprometa además a las instituciones", expresó Morera, quien concluyó su intervención diciendo que, en suma, "lo que se pretende es una mayor atención humana con enfoque en la voluntad del paciente y menos tecnificación cuando la muerte es inminente, inaplazable, inevitable".
