Se incide en la prevención e información a la ciudadanía sobre los factores de riesgo y los síntomas de alarma. El desconocimiento generalizado de las manifestaciones iniciales del ictus y su potencial gravedad, así como la trascendencia de instaurar un tratamiento precoz desde el primer momento conducen a un retraso en el acceso a los recursos sanitarios. Reconocer cuando se puede estar ante un ictus ante la aparición súbita o repentina, de pérdida de fuerza, dificultad para hablar normalmente, confusión o incoherencia, asimetría facial por déficit en media cara, aparición súbita de problemas de visión, ceguera, visión doble, cefalea inhabitual y de gran intensidad y la pérdida de equilibrio o déficit en la marcha.

Ante alguna de estas situaciones se debe contactar rápidamente con los sistemas de emergencia a través de 1-1-2.

En esta guía se explicita e instaura el Código ictus como el sistema de alerta que permite la rápida identificación, notificación y traslado de los pacientes con ictus a los servicios de urgencias, se basa en la consideración del ictus como una emergencia.

Se contemplan en la guía las actuaciones específicas en la gestión y tratamiento del ictus tanto en Atención Primaria, servicios de emergencias, la actuación en los servicios de urgencias hospitalarios y en los servicios de neurología y/o unidades de ictus. Además de dedicar un capítulo a la rehabilitación y cuidados tras un ictus.

La incidencia del ictus

El ictus es una enfermedad cerebrovascular producida por un trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral que altera de forma transitoria o permanente la función de una determinada región del encéfalo. Esta patología constituye la causa más importante de invalidez o discapacidad a largo plazo en el adulto, y representa la principal causa de muerte entre las mujeres y la segunda en los varones en nuestro país. Se estima que a los seis meses de haber sufrido un ictus, el 26,1% de los pacientes han fallecido, el 41,5% están independientes y el 32,4% son dependientes, estimándose de forma global que entre los supervivientes del ictus el 44% quedan con una dependencia funcional.

Según los últimos datos publicados en 2012, Canarias es una de las comunidades autónomas con menor tasa ajustada de muertes cerebrovascular, con un 24,78 por 100.000 hombres, y 19,17 por 100.000 mujeres, para una tasa nacional de 34,92 en hombres y 26,90 en mujeres. Además, se ha experimentado en el Archipiélago un descenso de la tasa de incidencia entre los años 2003 y 2012, tanto en hombres como en mujeres.

Aunque la mortalidad ajustada por edad es mayor en los hombres, el número absoluto de muertes es mayor en las mujeres, dado que el número de ictus aumenta con la edad y las mujeres son más longevas que los hombres.

Si bien Canarias se encuentra muy por debajo de la media nacional en mortalidad por Ictus tanto en hombres como en mujeres, se hace necesario aumentar la eficacia ante este problema y prevenir su aparición.

Esta enfermedad es más frecuente a partir de los 55 años y su riesgo aumenta proporcionalmente con la edad. Así, se estima que más del 21% de la población mayor de 60 años en España, casi dos millones de personas, presenta un alto riesgo de sufrir un ictus en los próximos 10 años, según los datos del estudio PREVICTUS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) va más allá en sus previsiones y según sus estimaciones y teniendo en cuenta que en el año 2050 la población mayor de 65 años representará el 46% del total, casi la mitad podría sufrir un ictus.

Además de la edad, existen otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, las arritmias cardiacas u otras enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la alimentación inadecuada y el consumo excesivo de alcohol, entre otros.

En la actualidad, un 30% de los pacientes con ictus presenta un problema de discapacidad que se manifiesta con parálisis, problemas de equilibrio, trastornos del habla y déficits cognitivos. De hecho, sólo el 40% de los enfermos pueden valerse por si mismos. Además, las personas que han sufrido un ictus presentan un alto riesgo de sufrir otro episodio en los tres meses siguientes.

Los costes directos del ictus representan, en algunos países industrializados, entre el 2% y 4% del gasto sanitario global. Cada ictus supone un gasto medio de 4.000 euros durante los tres primeros meses de enfermedad. Estudios en España estiman que el gasto en el primer año de un ictus oscila entre 5.000 y 9.000 euros aproximadamente, achacable principalmente a gastos hospitalarios, mientras que en el segundo y tercer año puede situarse entre los 2.000 y 3.000 euros principalmente por gastos en rehabilitación, medicamentos y pruebas complementarias.

Por todo ello el ictus constituye un problema crónico que precisa de estrategias concretas para su manejo y control.

En virtud de esta realidad, urge mejorar la correcta cumplimentación de las medidas de prevención del ictus aumentando el adecuado control de los FR y la toma de conciencia de cuidado de la salud en la ciudadanía, fomentando los estilos de vida saludables, así como, prestar la atención inmediata y especializada ante un episodio de ictus. Para ello, la rapidez con la que se detecten los síntomas iniciales y se contacte con los servicios de emergencias, acortando los tiempos desde que se sufre el ictus y se instauran las medidas adecuadas a cada caso, son vitales tanto para la supervivencia como para disminuir las posibles secuelas.

Morbilidad por ictus

El número de altas hospitalarias que se producen con el diagnóstico principal de enfermedad cerebrovascular están en torno a 200 por 100.000 habitantes (204 en 2012 según datos del ISTAC), con una estancia media de 12,27 días (12,07 en hombres y 12,51 en mujeres), sumando un total de 52.420 días de estancia en los hospitales canarios durante 2012. Según datos del CMBD (registro de datos de altas), el 7,3% de los pacientes ingresados en los hospitales terciarios del SCS por ictus isquémicos en el bienio 2010-2011 recibieron tratamiento fibrinolítico.