Para Mendoza, "este mecanismo hace mucho más compleja la respuesta al ciudadano y se ha tomado sin el adecuado consenso con las Comunidades Autónomas, generando indefensión al ciudadano, incrementando el personal administrativo necesario para realizar este tipo de gestiones y responsabilizando de la gestión de un procedimiento a una administración que no tiene competencias para su resolución, en este caso el Servicio Canario de la Salud."
"Por todo ello, nos vemos en la necesidad de resolver un problema generado por el propio Ministerio y que hasta ahora no existía", afirma.
La Consejera de Sanidad expuso, asimismo, que "en la actualidad los usuarios tienen una absoluta desinformación dado que la administración que el Real Decreto Ley manifiesta como competente en materia de aseguramiento, que es el INSS, no está resolviendo los problemas planteados por los ciudadanos"
Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley el pasado 1 de julio y tras su aplicación en la Comunidad Autónoma canaria durante esta semana, Mendoza ha puesto en conocimiento de la Ministra "los problemas detectados durante estos días".
DESINFORMACIÓN CIUDADANA
Así, expuso que "en la actualidad los usuarios tienen una absoluta desinformación dado que la Administración que el Real Decreto Ley manifiesta como competente en materia de aseguramiento, que es el INSS, no está resolviendo los problemas planteados por los ciudadanos"
Según Mendoza, "durante el tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto Ley hasta la entrada en vigor del mismo, por parte de esta Comunidad Autónoma, en el ánimo de minimizar las consecuencias que la incorrecta aplicación del mismo generara en los ciudadanos, hemos intentado definir los mecanismos de información a los usuarios para que quedara lo más definido posible, sin que hayamos podido establecer adecuados mecanismos de coordinación con las Direcciones Provinciales del INSS (dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, por tanto, del Gobierno de España) mencionadas en el Real Decreto Ley".
Asimismo, afirma que "no ha sido hasta esta semana, después de diversas reuniones técnicas con informaciones contradictorias, cuando se nos ha informado por parte del Ministerio que, en contra de lo que dice el Real Decreto Ley, las Direcciones Provinciales del INSS no van a intervenir en el proceso".
"Por el contrario, nos han planteado que, ante la disconformidad del ciudadano, sean los servicios regionales de salud los que de manera diferida tramitemos la documentación al Ministerio de Sanidad, el cual confirmará en la siguiente descarga de la base de datos", asegura..