"Queremos impulsar políticas sanitarias que permitan facilitar servicios de salud para toda la población. En este contexto, no podíamos permitir que existan sectores de la población, que ya conviven con nosotros en Canarias, sin acceso a una atención sanitaria normalizada, y no lo podemos permitir porque no es justo, porque creemos en un sistema sanitario público para toda la población y porque avocamos a muchas personas a un acceso por la 'puerta de atrás', usando por ejemplo los servicios de urgencias", subrayó Morera.
El objetivo de la Consejería de Sanidad, con la aprobación de esta Orden, es mejorar el nivel de salud de aquellas personas extranjeras que carezcan de recursos económicos suficientes y estén empadronadas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Consejero de Sanidad ha insistido en la necesidad de construir un sistema sanitario que oferte servicios de salud de calidad y adaptado a las necesidades actuales, sin ningún tipo de discriminación y que, por lo tanto, "llegue por igual a toda la población en todas las Islas".
Población diana
La población a la que van dirigidas estas actuaciones está constituida por personas extranjeras que acrediten el cumplimiento de los criterios de inclusión, entre los que figura no tener derecho a la condición de asegurado ni beneficiario reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), ni a exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen, así como no tener suscrito un convenio especial para recibir asistencia.
A estos criterios se añade estar empadronado, con permanencia continuada en uno o varios ayuntamientos de las Islas, con una antigüedad igual o mayor de tres meses; no disponer de ingresos en España o en el país de origen o procedencia, que sean igual o superiores en el cómputo anual a 1,5 veces del valor del IPREM; no estar asegurado en ningún Estado miembro de la UE, EEE o Suiza, en el caso de los nacionales de la UE; y no estar incluido en las situaciones especiales a las que se refiere el art. 1.3 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 abril, ni en las disposiciones adicionales cuarta y quinta del RD 1192/2012, de 3 de agosto, reguladoras de la condición de asegurado y beneficiario.
Para acogerse a este programa es necesaria la presentación de una solicitud, de manera individual, junto a la documentación establecida al efecto, que será resuelta por la Gerencia de Atención Primaria o de Servicios Sanitarios, que emitirá el correspondiente documento acreditativo. Tanto este documento, así como el que acredite la identidad del paciente, deberá aportarse cuando la persona precise asistencia sanitaria.
Requisitos
Las personas extranjeras que sean incluidas en el programa deberán comunicar el SCS cualquier modificación de sus circunstancias personales, familiares, económicas y de permanencia continuada que puedan suponer la extinción de la prestación, en el plazo de un mes. Asimismo, presentarán,en los tres primeros meses del año una declaración responsable sobre la no variación de los requisitos y condiciones exigidas.
Por su parte, la administración sanitaria podrá comprobar que se siguen cumpliendo los criterios de inclusión, requiriendo la documentación al propio interesado, en especial en cuanto a la permanencia continuada y recursos económicos.
La asistencia sanitaria a la que tendrán acceso estas personas es la incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, esto es, prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación de productos dietéticos y de transporte sanitario.
En el caso de la prestación farmacéutica, estos usuarios deberán aportar el 40% del precio del medicamento; cantidad que será del 10% en los pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con el máximo que se establezca para el resto de los asegurados y beneficiarios del SNS.
En cualquier caso no se incluirá la atención sanitaria en otra comunidad autónoma distinta.
Con esta medida la Consejería de Sanidad no solo garantiza la atención sanitaria de la población del Archipiélago, lo que redundará en un mejor control y seguimiento de la salud pública, sino que además libera a los servicios de urgencias.
