Desde FesP-UGT recuerda que una vez presentado los recursos derivados por la falta de contratación acorde a la formación aún no se han contestado dichos recursos incumpliendo la propia Ley de Contratos del Sector Público resolviendo así las medidas cautelares al respecto.
Todo ello unido a una serie de escándalos donde la revelación de secretos de los datos económicos de una de las empresas que durante más tiempo lleva prestando el servicio en Canarias unido a que se encontrará un sobre abierto en el traslado de una de las valijas, como así relató la misma empresa pública que público las bases de concurrencia hacen sospechar de un procedimiento donde se intuye se puedan haber filtrado esos precios de adjudicación y así obligar a las empresas a reducir sus propuestas a dicho proceso. Lo que en el futuro se traduce en más precariedad asistencial y para el personal que presta el servicio.
Desde FESP-UGT también trasladamos la preocupación por unos presupuesta escuálidos y poco garantistas y que harán que de no solventarse desde ahora traiga consigo una situación de caos para la prestación del servicio y del sector. En este sentido el responsable del sector de UGT Iván Amador denuncia que no se haya tenido en cuenta la mala praxis de las empresas piratas del sector y las que puedan licitar para dar garantías de este servicio esencial donde la reivindicación de las empresas es el beneficio industrial. Para el sindicato la solución pasa por la internalización o reversión del Transporte Sanitario y para ello el nuevo Gobierno de Canarias tiene un papel crucial, ya no solo por su visión al problema sino por su diferente voluntad a atajar el problema.
Desde la central diferencian ambas posturas donde un Gobierno conservador y que no justificó nunca con argumentos sólidos una postura y donde los recortes, falta de control han traído más de una década de precariedad en un servicio público carente de soluciones para el usuario donde el propio fundamentalismo de los partidos han conllevado a seguir en defender dicha externalización .Por otro lado la formación del nuevo Gobierno progresista que siempre se declinó por apoyar dicha desprivatización dando como argumento la especial sensibilidad del sector y sus carencias al respecto. El sindicato recuerda que como resultado de dichas reivindicaciones y con el apoyo del hoy nuevo Gobierno en el Parlamento de Canarias dio como resultado la enmienda de Nueva Canarias, donde el cambio de modelo de gestión se realizaría después de realizar los informes económicos y jurídicos. Esto viene como consecuencia de un arduo trabajo en conjunto entre los grupos Parlamentarios PSOE, PODEMOS Y ASG y del sindicato UGT y la presentación de dos Proposiciones No de Ley para tal efecto.
Por ello la UGT tras denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción a todos los cargos políticos y personal relacionado directamente con dicho procedimiento considera que el nuevo Gobierno de Canarias debe desde la voluntad que siempre mostró al respecto reconducir una situación que sigue dantesca y precaria y en un corto período de tiempo puede finalizar con un panorama complicado para los enfermos que hacen uso de dicho servicio público.
Desde el sindicato consideran que, con una buena planificación en el mantenimiento de las unidades y celeridad del proceso, hasta la negligencia de amplitud de la vida útil de las ambulancias llevada a cabo por el anterior ejecutivo se podría quedar en una anécdota siempre y cuando se empiece a trabajar en dar un servicio garantista a los ciudadanos y no a los empresarios. Ya que, como siempre trasladó la FESP-UGT permitir inversión empresarial a las unidades hacen que el periodo de amortización de dicha inversión secuestre nuevamente el servicio hasta cumplir en cinco años dicho período indica Amador, donde considera que la planificación debe ser de forma conjunta tanto administrativamente para la reversión como velando por el mantenimiento de unidades deterioradas. Todo ello llevado a cabo sin hipotecar el futuro del servicio.
Es por ello que desde FesP-UGT exigimos al nuevo Gobierno de Canarias la nulidad de este procedimiento como establece el artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público: donde establece que al no haber adjudicación firme no se establecerá no existe obligación de liquidar y donde se establece seguir realizando el servicio bajo las mismas cláusulas hasta realizar las medidas urgentes para lo dispuesto. Y así en conjunto, dar respuesta a la demanda de mejorar un servicio público esencial como el Transporte Sanitario en Canarias.
