La obligatoriedad de las pruebas PCR impide en la práctica el movimiento turístico por su elevado precio, que oscila entre 150 y 200 euros, y porque en algunos países no son de acceso libre ya que están reservados para uso hospitalario o para personas de riesgo.
El Cabildo considera que el Gobierno de España no tiene razones para no autorizar este tipo de test y por lo tanto exige que asuma la petición tanto del empresariado hotelero como del Gobierno de Canarias.
La positiva evolución de la pandemia en Canarias ha permitido que las islas sean el único destino turístico abierto en Europa, lo que representa una oportunidad para actividad turística del archipiélago y para el sector turístico europeo que puede ser frenada por esta exigencia.
El presidente advierte que si las aerolíneas y los turoperadores no tienen actividad con Canarias desde ahora hasta marzo se genera un alto riesgo de quiebra que puede dañar la conectividad de la islas de manera permanente.
