De no recibir respuesta de la administración canaria en breve, los médicos en abuso de temporalidad (tres cuartas partes de la plantilla total de médicos y facultativos), iniciarán acciones que estarán plenamente justificadas, con el propósito de incrementar la presión sobre los responsables de una decisión que, únicamente, es política, y no técnica. Se acabaron las excusas y los tiempos de espera. O nos muestran una solución satisfactoria ahora, o habrá consecuencias.
No vamos a esperar de brazos cruzados cuando en otras comunidades autónomas ya se ha legislado adecuadamente para proteger a sus empleados públicos, mientras aquí se sigue dejando pasar el tiempo y, al parecer, esperando por no se sabe qué decisiones que salen de Madrid. La autonomía legislativa de Canarias es plena para resolver este asunto y no se tolerarán más fintas ni escapismo.