La querella fue presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas por la privatización de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz.
Además de Lamela y Güemes el juez ha imputado a la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria y al director general de Hospitales, Antonio Burgueño.
Están citados a declarar también, en calidad de imputados, el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Alvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
Fernández-Lasquetty: "Es un acto puramente de trámite"
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha reaccionado ante el auto judicial defendiendo la licitación de los tres hospitales objeto de la querella y ha asegurado que se hizo "con arreglo a los principios de la ley".
Además, ha criticado la querella como una "maniobra política más del PSOE y de su sindicato Afem, que no tiene mayor significado", y ha indicado que lo que va a hacer el juez es "examinar las acusaciones que hace PSOE y su sindicato afín", lo que "en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión por parte del juez ni nada parecido". "Es un acto puramente de trámite", ha apostillado.
Lasquetty ha dicho además que son "hospitales públicos que llevan años atendiendo a miles de madrileños con un extraordinario nivel de calidad y niveles de satisfacción de más del 95% y que en el momento en que fueron licitados y sometidos a concurso se hizo con arreglo absolutamente a los principios de la ley con toda la transparencia y legitimidad".
La admisión a trámite de la querella se produce precisamente en la misma semana en que la Comunidad de Madrid ha confirmado los nombres de los tres grupos hospitalarios que optan a la privatización de otros seis hospitales. Uno de los grupos que se han presentado es Ribera Salud, cuyo consejero está imputado en la querella que este viernes ha sido aceptada.
