En el caso concreto de las llamadas transferencias de financiación, que la Junta utilizaba para pagar las ayudas investigadas, Magdalena Álvarez ha afirmado que se trataba de una transposición de normas estatales y se utilizan en muchas otras comunidades autónomas.
La exministra ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense sobre las 8.50 horas, más de un ahora antes de la hora prevista para la declaración, aunque no ha entrado por la puerta principal y ello ha impedido que los numerosos medios de comunicación y cámaras de televisión que la esperaban hayan podido grabar su entrada.
La declaración de la exconsejera, que está asistida por el abogado Horacio Oliva, ha levantado una gran expectación mediática y también entre los abogados personados en la causa. De hecho, asisten a la comparecencia una treintena de letrados, lo que la convierte en una de las declaraciones judiciales vinculadas con los ERE con mayor presencia de abogados.
Claves de la imputación
La instructora entiende que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".
La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputó tanto a Alvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.
La declaración de Magdalena Alvarez ha coincidido en el tiempo con la segunda fase de la operación 'Heracles', en el marco de la Guardia Civil ha realizado distintos registros domiciliarios y ha detenido a varias personas, entre ellas al exgerente del IFA en Sevilla Enrique Rodríguez.
