Dichas artes de pesca carecían de las correspondientes placas identificativas, siendo las mismas utilizadas presuntamente por pescadores furtivos, las cuales las ubicaban constantemente fondeadas en zonas y lugares de gran interés pesquero, evitando además que pudieran ser verificadas y controladas una vez fuera del agua.

Dicho hecho está catalogado como infracción grave en la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca en Canarias.

Dichas artes de pesca ilegales fueron puestas a disposición de la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para su posterior destrucción.

Con esta actuación se ha evitado que tales nasas quedaran a la deriva y se convirtieran en una trampa mortal para especies marinas de gran interés biológico en la zona.