Los registros, que han sido practicados por parte de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, se han llevado a cabo en tres empresas sevillanas y al menos otra de Madrid y de Jaén que presuntamente emitieron facturas falsas al sindicato UGT para justificar las subvenciones de la Junta de Andalucía.
En el caso de Sevilla, los investigadores han acudido a una empresa de mobiliario de oficinas situada en la avenida de Las Razas, a una agencia de viajes de la calle Feria y a otra empresa de la avenida Hytasa.
Según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la operación "sigue abierta" y la cifra de detenidos "puede modificarse a lo largo de las horas". Ha añadido que la operación, denominada "Cirene", es "de gran calado y tiene que ver con facturas falsas, un tema importante desde el punto de vista laboral y de la formación en Andalucía".
Fraude en los cursos de formación
El fraude en los cursos de formación del sindicato UGT está siendo investigado por el juzgado número 9 de Sevilla en una parte desgajada del caso de los ERE que lleva a cabo el número 6 de la juez Mercedes Alaya. La Guardia Civil ya registró el pasado mes de diciembre la sede de UGT Andalucía y de otras sociedades vinculadas al sindicato.
Según la denuncia de la Fiscalía Superior andaluza sobre los cursos de formación que dio lugar a la investigación, UGT cargó presuntamente a dichos fondos gastos como las invitaciones en la Feria de Abril de Sevilla o la copia de unos bolsos falsificados en China que regaló a los asistentes a su congreso.
El pasado 13 de mayo, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, emitió un decreto en el que adjudicaba a la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, la investigación por las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).
Segarra distribuyó entre los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla las investigaciones que abrió la Fiscalía Superior andaluza por distintas ayudas a la formación para el empleo.
Dado que la juez Alaya ya investiga los ERE financiados por la Junta y los cursos de formación organizados por el imputado Juan Lanzas, la Fiscalía entendió que también debe investigar los 49,5 millones de euros que recibió la FAFFE en los años 2009 y 2010.
Todas las causas sobre los fondos de formación están bajo secreto sumarial, tanto la que mantiene abierta el juzgado de instrucción 9 sobre el desvío de fondos por parte de UGT a pagos diversos como su caseta en la Feria de Abril como las tres que instruye la titular del juzgado número 6: una causa inicial que se derivó de los ERE, otra sobre los cursos organizados por Juan Lanzas y empresas de su entorno y una tercera que investiga el destino de ese dinero.
