Según la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los empresarios de la trama conseguían adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones ilegales a políticos y funcionarios implicados. Comisiones que podían llegar hasta el 2 y el 3% y que luego eran blanqueadas a través de un complejo entramado societario con ayuda de las propias concesionarias, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel, informa Europa Press.
Entre los arrestados en la Operación Púnica hay varios políticos: el ex secretario general del PP de Madrid y ex número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados; el presidente de la Diputación de León, el 'popular' Carlos Martínez, que sustituyó a Isabel Carrasco tras su asesinato; y seis alcaldes de municipios de Madrid.
Se trata de los primeros ediles 'populares' José Carlos Boza Lechuga, regidor de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Gonzalo Cubas Navarro, de Torrejón de Velasco y David Rodríguez Sanz, de Casarrubuelos. Todos están al frente de estos municipios madrileños desde 2011.
Además ha sido arrestado el alcalde socialista de Parla, José María Fraile, que accedió a este ayuntamiento en 2008 para relevar al actual secretario general del PSOE, Tomás Gómez, y el regidor de la localidad de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández del Valla, del partido Unión Demócrata Madrileña, informa Efe.
En Murcia, la Guardia Civil ha detenido, entre otros, a la directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, y al exalcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso.
El PP y el PSOE han anunciado la suspensión de militancia de todos sus cargos implicados en la Operación Púnica.
Blanqueo, cohecho y malversación
También han sido arrestados los dos presuntos conseguidores de contratos, el constructor David Marjaliza, muy próximo al exconsejero madrileño Francisco Granados, y Alejandro de Pedro Llorca; y un agente de la guardia civil que habría avisado a Granados de que estaba siendo investigado.
El juez Eloy Velasco, que desarrolla la operación junto a la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Judicial y la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil, investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y Organización Criminal.
La trama "organizada" usaba influencias políticas para introducirse en la Administración pública a todos los niveles, desde los ayuntamientos, hasta las diputaciones y las comunidades autónomas, para conseguir la adjudicación de contratos y servicios públicos, informa Servimedia.
250 millones de euros en contratos
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama conseguía los contratos públicos mediante la "connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal [que se deja sobornar con dádivas] con intermediarios y sociedades instrumentales".
Solo en los dos últimos años, habría conseguido adjudicaciones "por un valor aproximado de 250 millones de euros" como "contrapartida de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas", según la nota difundida sobre la operación por Anticorrupción. Los contratos no estarían relacionados con el negocio del ladrillo, sino con la adjudicación de servicios como los de eficiencia energética.
Fuentes jurídicas citadas por Europa Press, apuntan a que las comisiones que cobraban los políticos implicados eran de hasta el 2 y 3% de cada contrato. De esta manera los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones de euros.
En principio, fuentes de la investigación creen que estos casos de corrupción no están relacionados con la financiación irregular de los partidos, sino que más bien se trata de acciones individuales de los ediles que, ante la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2015, querían garantizarse unos ingresos por si resultaban perdedores y tenían que abandonar sus cargos.
Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de las comisiones ilegales.
Más de 250 mandamientos para hacer registros
Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. Hay además 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción.
La cuenta de Granados en Suiza, origen de la investigación
La investigación a esta trama se origina en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta a España de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Francisco Granados y David Marjaliza, y se da cuenta de ello a la Fiscalía Anticorrupción.
Tras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo agravado, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción.
Mientras tanto, las autoridades suizas avisaron de que iba a tomar declaración a Granados y a Marjaliza, y en junio de 2014 Anticorrupción presentó una querella contra ambos que recayó en Velasco.
