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09 Jul

La Guardia Civil registra las sedes de UGT en Madrid y Sevilla

Nacional/ La Guardia Civil está registrando las sedes en Madrid y Sevilla de la fundación de UGT dedicada a los cursos de formación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) desde primera hora de este jueves.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) buscan documentación relacionada con el caso de las facturas falsas para comprobar cómo se justificaban los cursos de este sindicato en Andalucía. No se prevén detenciones, según han indicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla mantiene imputadas en este caso a 18 personas, entre ellas, los ex secretarios generales de UGT-Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusó de "financiación ilegal del sindicato" a través de los fondos de formación. También está imputado Federico Fresneda, ex vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos y extesorero del sindicato.

Según su página web, el IFES señala que ha impartido desde su creación más de 110.000 cursos a 1,6 millones de alumnos y que dispone de sedes en la mayoría de las comunidades autónomas. Colabora con el Servicio Público de Empleo, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, así como con todas las administraciones autonómicas y numerosos ayuntamientos, diputaciones y empresas.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que tiene "una tranquilidad absoluta" porque la documentación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) es "transparente" y cumple "estrictamente todos los requisitos de legalidad" y de ejecución de los cursos de formación.

En la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar, Méndez ha asegurado que el IFES muestra una "disponibilidad abierta y absoluta" para aportar toda la documentación requerida, informa Efe.
Presunta financiación ilegal del sindicato UGT

En la providencia donde citó a declarar a Pastrana y Fernandez Sevilla, el juez señala que la actividad presuntamente fraudulenta investigada "se concretaba en el establecimiento de la técnica del 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención".

El juez también aludió al llamado 'bote', "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no se correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados".

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