Inicio de la investigación
Los agentes del Área de Investigación del referido Puesto detectaron indicios referentes a que algunos objetos robados y hurtados en varios establecimientos turísticos, de la zona sur de Fuerteventura, se modificaban posteriormente en un comercio de compraventa para destinarlos posteriormente a la venta y, de esa manera, impedir que se vincularan esos objetos con los robos.
Inspecciones en materia de seguridad
En virtud del Capítulo IV de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que regula las potestades de policía administrativa en materia de seguridad, la Guardia Civil realiza periódicamente en varios establecimientos dedicados a diferentes temáticas –por ejemplo compraventa de metales, chatarra u objetos de segundamano- una serie de inspecciones para prevenir la realización de actividades delictivas, como la compra de objetos que previamente hayan sido robados.
Esos establecimientos están obligados a mantener en vigor un registro documental del origen de dichos objetos.
Objetos robados e intervenidos
Fruto de la referida inspección, agentes del Área de Investigación del mencionado Puesto hallaron en el comercio en cuestión tres objetos, un ordenador portátil y dos teléfonos móviles, los cuales habían sido previamente denunciados como robados, interviniendo además otros 33 teléfonos presuntamente sustraídos y sobre los cuales se están haciendo las pertinentes comprobaciones.
Dicho comercio carecía además de cualquier registro de compraventa, obligatorio en base a la mencionada Ley Orgánica.
La Guardia Civil trabaja en la localización de los legítimos propietarios de los objetos intervenidos para devolvérselos, procediendo a la investigación de M.R. como supuesto autor de un delito de receptación, al adquirir objetos o bienes procedentes de un delito contra el patrimonio (robos, hurtos).
Los delitos de receptación llevan aparejados penas de prisión de seis meses a dos años, además se impondrán en su mitad superior si se trafica con los objetos robados; si además ese tráfico se realiza utilizando un establecimiento comercial o industrial, se añadirá una multa de 12 a 24 meses.
El investigado, junto con las diligencias originadas por la investigación, ha quedado a disposición del correspondiente Jugado, en funciones de guardia, de la localidad de Puerto del Rosario.
Denuncia administrativa
Paralelamente la Guardia Civil ha denunciado a M.R. por una infracción administrativa al artículo 36.20 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, ya que carecía del preceptivo registro documental.
Dicha infracción es de carácter grave, pudiendo conllevar una multa económica comprendida entre 601 y 30.000 euros, además una posible suspensión temporal o clausura de la actividad comercial del local en cuestión.
