A consecuencia de otra investigación realizada por la Guardia Civil durante los meses de marzo y abril del presente año, en este ocasión por el robo de material metálico y piezas mecánicas en la embarcación Cibeles, los agentes comprobaron como dichos objetos fueron utilizados para la restauración de otra embarcación del mismo puerto, concretamente para el que había sido subastado meses antes.
Dicha operación levantó las sospechas de la Guardia Civil e hizo que indagara a varias empresas que estaban relacionadas con las dos embarcaciones y la subasta referida, descubriendo posteriormente el entramado para amañar la citada.
Acuerdo ilegal
De los datos recogidos de dicha subasta pública, la Guardia Civil comprobó como una empresa de las que participaron en la puja, entre los cinco que intervinieron (dos de ellas empresas involucradas en la trama y tres particulares que resultaron perjudicados por el amaño), había ofertado la cantidad de 62.405 euros por la embarcación, con la que ganó el citado acto.
Dicha cantidad tan elevada en este tipo de subastas levantó las sospechas de los agentes investigadores, máxime teniendo en cuenta el estado de deterioro de la embarcación y la diferencia tan grande con la cantidad inicial de la puja, establecida en 15.000 euros.
Además la Guardia Civil constató que, transcurridos cinco días desde el acto de la subasta pública, la empresa en cuestión que había ganado la puja renunció a la adjudicación de la embarcación, la cual se otorgó a la siguiente empresa –presuntamente compinchada con la otra entidad- , que había ofertado la cantidad de 42.336 euros, consiguiendo de esta manera la devaluación de 20.069 euros en la subasta citada.
Dichos indicios recopilados por la Guardia Civil constatan como ese acuerdo ilegal perjudicaba las expectativas de los otros intervinientes en la puja que, con la debida transparencia que deben imperar en esos actos, intentaron adquirir la embarcación en cuestión.
Venta a una tercera empresa e investigaciones
Posteriormente la Guardia Civil recopiló más indicios que implicaban un acuerdo ilegal de cinco empresas para alterar el precio de la subasta pública, con el presunto objetivo final de asegurar la compra de la embarcación en cuestión; comprobándose además como la segunda empresa, que consiguió el citado barco, finalmente lo vendió por 47.974.52 € a una tercera empresa –también implicada en los hechos- a un precio muy inferior al pujado inicialmente días antes de que fuese adjudicado por la Autoridad Portuaria.
Los investigados, junto con las diligencias originadas por la investigación, han quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de Guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, que a su vez ha ordenado la inmovilización de la embarcación en cuestión.
