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14 Mar

La Guardia Civil y el Cabildo de Lanzarote intervienen dos objetos arqueológicos que se vendían en Internet

Lanzarote/ El DEPRONA (Destacamento de Protección de la Naturaleza) de Timanfaya de la Guardia Civil, junto con el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, ha recuperado dos anclas de valor arqueológico e histórico que un ciudadano español vendía a través de Internet, siendo a su vez denunciado por una infracción administrativa a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

Puestas a la venta
Fue el pasado día 6 de marzo, cuando un vigilante del citado Servicio de Patrimonio detectó en Internet que una persona, con domicilio en Lanzarote, vendía dos anclas con un potencial valor histórico, por lo que avisó inmediatamente a la Guardia Civil que, gracias a la información referida por el vigilante, halló el lugar donde estaban las piezas.

Intervención y registro
De esta manera, el pasado día 8 el DEPRONA acude al lugar en cuestión, un recinto propiedad de una empresa -la cual colaboró en todo momento y autorizó la inspección correspondiente- y en donde se encontraron las anclas en cuestión.

Tras localizar al vendedor, éste se personó en el lugar y admitió ser el propietario pero no poseer ningún título o documento que ampare la legal procedencia de aquellas.

Consecuentemente esa persona, al no comunicar a las autoridades competentes el hallazgo de las anclas e intentar traficar con ellas, fue denunciada por una infracción grave al artículo 96, apartado 2 i, de la mencionada Ley, interviniéndose las anclas.

Traslado al Cabildo y sanciones
Paralelamente la Guardia Civil pidió colaboración al Cabildo para el traslado de las anclas, que fueron depositas el pasado día 10 en el Fondo Arqueológico de la citada institución isleña.

La Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico prevé diferentes sanciones ante actos que dañen o perjudiquen los bienes y objetos históricos y arqueológicos, las cuales son en su mayoría multas oscilan que pueden llegar hasta los 600.000 euros; en este caso en concreto la normativa establece multas desde 3.001 hasta 150.000 euros.

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