Los ejemplares fueron intervenidos puesto que el propietario no pudo acreditar su tenencia y procedencia, definida como ilegal según la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, que establece que la ausencia de la correspondiente autorización administrativa, posesión, transporte, tráfico o comercio de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras está tipificado como infracción grave, sancionada con multas que oscilan desde los 3.001 euros hasta los 200.000.
Entre los impactos y amenazas que producen esta especie se encuentran los ocasionados sobre el hábitat, desplazando a otras especies por competencia por nidos, como por ejemplo los pájaros carpinteros, así como por competencia trófica, como con el mirlo y los perjuicios ocasionados a los cultivos, entre otros daños.
Las aves incautadas fueron depositadas en el Centro Cocodrilo Park, ubicado en el municipio grancanario de Agüimes.