Inicio de las indagaciones
La investigación se inició el pasado día 18 de octubre, cuando los progenitores del menor de edad y víctima del acoso denunciaron los hechos, haciéndose cargo de la investigación e instrucción de las diligencias el Equipo Territorial de Policía Judicial citado.
En la misma se detallaba que los hechos se llevaban desarrollando desde el inicio del presente curso escolar por parte de dos compañeros de clase, tanto en el interior del centro como fuera del horario lectivo, pero que los episodios vejatorios se vendrían desarrollando desde hace varios meses, basados en insultos, comentarios denigrantes y referencias ofensivas hacia el menor, en relación tanto a una discapacidad como a su aspecto físico, llegando incluso a la agresión física. Dichos comportamientos llegaron a derivar incluso en el temor de la víctima en acudir al centro educativo.
Identificación de los presuntos autores
Los agentes de la Guardia Civil analizaron toda la información aportada, recopilando una serie de manifestaciones de testigos de las vejaciones, tanto en el orden educativo, como vecinal, con los cuales se pudieron identificar a los dos presuntos autores de los hechos.
Medidas adicionales
Cabe destacar que por parte de Centro Educativo se activaron los protocolos para la prevención del acoso escolar, poniendo los hechos en conocimiento de los hechos a los investigadores.
Lectura de derechos-investigación
Finalmente la Guardia Civil citó a los referidos como investigados los mencionados días 8 y 10 del mes en curso, como supuestos autores de un delito contra la integridad moral.
Las diligencias originadas por la investigación han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, en su adscripción permanente de Puerto del Rosario.
Responsabilidad penal por bullying
El acoso escolar puede llegar a ser delito, en tanto que las conductas que lo compongan –como el caso descrito- se encuentren tipificadas en el Código Penal; ya que un mismo caso de acoso escolar puede englobar conductas penadas como amenazas, lesiones, injurias, coacciones, etc. incluso, si tienen la entidad suficiente, calificarse como delito contra la integridad moral.
Este último delito, tipificado en el artículo 173.1 del Código Penal, castiga con penas de prisión de 6 meses a dos años conductas que reflejen un trato degradante y menoscaben gravemente la integridad moral de una persona, siempre que los autores sean mayores de 18 años de edad, ya que si tienen entre 14 y 18 años de edad las medidas a las que se enfrentarían son variadas, en base al artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Plan Director y Plan Estratégico de Convivencia Escolar
La Administración Pública, a través de los Ministerios del Interior (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar ) por un lado y de Educación (http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/plan-convivencia/ejes-estrategicos.html) por otro, desarrollan varios planes o estrategias para dotar a la comunidad docente, al alumnado y a sus tutores de una serie de pautas para identificar, prevenir y dar la respuesta adecuada a este tipo de conductas.
