Inspecciones
Por lo tanto los agentes de la Guardia Civil comenzaron desde inicios del pasado mes de diciembre a realizar inspecciones en diferentes viviendas ofertadas sobre todo en diferentes portales o páginas de Internet dedicados al alquiler vacacional; de esta manera descubrieron establecimientos y viviendas que cometían presuntas irregularidades administrativas relacionadas en su mayoría con la ejecución de actividades de hospedaje sin la preceptiva inscripción en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, además de carecer de los preceptivos registros documentales para este tipo de actividades, cuestiones ambas reflejadas en la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo en Canarias, y la Ley 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanciones
Ambas leyes castigan dichas irregularidades con sanciones económicas que pueden oscilar entre los 30.000 y los 300.000 euros – aparte de otras accesorias como la suspensión de la actividad o la clausura definitiva- en el caso de la primera normativa; y de multas entre los 601 y los 30.000 euros por infringir la segunda ley.
Todas las denuncias han sido remitidas a los correspondientes órganos de la administración pública encargados del inicio y tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores, siendo 54 en el caso de infracciones a la Ley 7/1995 –artículo 75.1- que se remitirán al organismo correspondiente del Gobierno de Canarias y 60 en el caso de la Ley 4/2015 –artículo 36.20- que se enviarán a la Delegación del Gobierno en Canarias.
Continúan las inspecciones a los diferentes complejos y apartamentos vacacionales de las localidades de Teguise y Haría debido al notable aumento de la actividad de alquiler del turismo vacacional.