Su objetivo ha sido recopilar pruebas que permitan esclarecer la actividad del grupo investigado, compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delitos de terrorismo yihadista, como por presos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión. Entre ellos, se encuentran varios ciudadanos españoles conversos o en proceso de conversión.
Los mecanismos de control establecidos en la normativa penitenciaria, así como la adecuada monitorización del fenómeno de la radicalización yihadista llevada a cabo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han resultado claves para la detección y neutralización de este grupo.
Para el proceso de captación y adoctrinamiento, el grupo combinaba tanto la interacción física entre internos, dentro de los propios centros penitenciarios, con la relación epistolar, lo que le permitía establecer comunicación con reclusos ubicados en distintas prisiones.
Han recurrido, además, a vías alternativas al margen de los sistemas de control establecidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como el empleo de otros internos no sujetos a especial vigilancia. De esta forma, pretendían eludir los mecanismos de monitorización y de prevención de la radicalización existentes en el ámbito penitenciario.
DINAMIZADORES EN LAS CÁRCELES
El grupo estaba integrado por varios dinamizadores, que no solamente se dedicaban a captar a internos de la órbita de DAESH sino que también buscaban cohesionar a los presos encarcelados por delitos de terrorismo.
De esta forma, pretendían fraguar el embrión de lo que podría considerarse un "Frente de Cárceles" yihadista. Esto pone de relieve que, la mayoría de los individuos investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista, acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión.
Más allá de su finalidad proselitista, la investigación apunta a que la actividad del grupo podría ir más lejos, si se tienen en cuenta hechos como los ataques yihadistas en el interior de la prisión francesa de Osny en el año 2016, en el que un interno atacó a varios funcionarios de prisiones, y el protagonizado en 2018 en Lieja (Bélgica) cuando, durante un permiso penitenciario, un interno radicalizado asesinó a dos policías y a un civil. De ahí, que la propia existencia del grupo se entienda como un potencial riesgo para la seguridad. Más aún teniendo en cuenta la próxima puesta en libertad de varios de los sujetos investigados.
Si bien la investigación comenzó sobre un interno en un centro penitenciario en particular, a fecha de hoy la actividad ilícita del grupo se extiendía a 17 centros, lo que supone el 55 por ciento de las prisiones que alojan presos vinculados al terrorismo yihadista.
Se trata de la primera operación de estas características llevada a cabo en Europa contra un entramado alineado con la estrategia de DAESH.
El operativo coincide temporalmente con el momento de máxima población reclusa por motivos de terrorismo yihadista, fruto de la intensa actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas durante los últimos años Desde la elevación al nivel 4 de Alerta Antiterrorista el pasado 26 de junio de 2015, la Guardia Civil ha intensificado las investigaciones relacionadas con fenómeno del terrorismo yihadista, con la finalidad de anticipar y neutralizar la amenaza que representa para la sociedad española
