Inicio de la investigación
La Guardia Civil comenzó las pesquisas tras la denuncia de la empresa propietaria de las citadas instalaciones, quien informó a los agentes que durante la madrugada del pasado día 09 varias personas rompieron uno de los candados de la tapa de una de las jaulas marinas, llevándose luego supuestamente 2.000 kilogramos de lubina.
Colaboración con inspección
En una primera fase los agentes localizaron una parte de las lubinas robadas, gracias a la colaboración de Inspectores de Pesca del Gobierno de Canarias, en varios negocios del Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria y en un restaurante de la localidad de Meloneras, los cuales no aportaron a los agentes e inspectores las correspondientes facturas con números de lote del género.
En esta primera fase fueron investigadas seis personas como presuntos autores de un delito de receptación, todos propietarios o encargados de los negocios en cuestión, que se enfrentan a diversas penas entre las que se encuentra la inhabilitación profesional.
Segunda fase
Continuando con las pesquisas la PAFIF finalmente pudo localizar e identificar a los presuntos autores materiales del robo en la jaula marina, cinco personas vecinos de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Telde y Santa Lucía de Tirajana, relacionados todos con la pesca y que fueron investigados entre los días 17 y 31 de diciembre.
Además otra persona fue investigada como presunta autora de un delito de falsedad documental, ya que presuntamente facilitó con la manipulación de una factura que una pequeña parte – 30 kilogramos- de las lubinas robadas aparecieran como adquiridas legalmente y fueran vendidas en un mercado de Las Palmas de Gran Canaria.
El pescado puesto a la venta tiene que tener un lote y una trazabilidad, elementos que garantizan el origen del pescado, la calidad y la ausencia de componentes que puedan suponer un riesgo para la salud, por lo que se recomienda rechazar el género que no tenga dichas cuestiones; ya que todos los alimentos han de presentar el origen del mismo, tal como refleja la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.
