F.A.F.G. fue asistido de inmediato por una de las patrullas en servicio de prevención de la delincuencia, si bien el referido les dijo que recuperó por si mismo tanto el bolso bandolera como posteriormente la cartera con su documentación personal pero sin el dinero en efectivo, procediendo a formalizar posteriormente la denuncia en dependencias policiales.
Ante la gravedad de los hechos denunciados los agentes del Área de Investigación de esta unidad comenzaron las indagaciones que pudieran permitir la identificación del agresor, obteniéndose grabaciones efectuadas por los sistemas de video-vigilancia instalados en las proximidades al lugar del presunto robo.
Una vez visionadas las grabaciones, los agentes pudieron comprobar que lo manifestado por el denunciante no solo no se ajustaba a la realidad, ya que no se observaba a ninguna persona que se aproximase o huyese del lugar donde presuntamente había ocurrido el delito, sino que también una cámara de vigilancia captó al denunciante caminando sin la mochila tipo bandolera y, posteriormente, ocultando la cartera en un parterre ajardinado de unos apartamentos, lugar donde minutos después el propio denunciante dirigiría a los agentes que lo auxiliaron en primer lugar para recuperarla.
Por todo ello, se procedió a imputar a F.A.F.G un delito de simulación de delito en calidad de investigado, remitiéndose el atestado policial al Juzgado de Guardia de Maspalomas.
Penas por la simulación de delito
Cabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses de hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas.
Este tipo de denuncias además causa un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.
Además este delito suele estar vinculado a la solicitud de la reparación económica a las compañías de seguros, lo que podría conllevar la comisión de un delito leve o menos grave de estafa, dependiendo de la cuantía fraudulentamente reclamada, lo que agravaría las responsabilidades penales de los presuntos autores.
