Las pesquisas desarrolladas por el Equipo de Patrimonio de la UOPJ, en base a la información aportada en la denuncia, permitieron la identificación de supuesto autor y que resultó ser un ex trabajador de la empresa que tenía acceso al proyecto.
Presuntamente los hechos ocurrieron al día siguiente del despido, cuando el investigado iba a recoger sus pertenencias en la empresa y recuperar datos informáticos que dijo que eran de su propiedad, supuestamente cogió un disco duro externo y en vez de copiar los archivos informáticos que eran suyos, lo hizo con la totalidad de los archivos de la empresa, incluido el proyecto propiedad de la empresa, disco que voluntariamente entregó a los agentes de la Guardia Civil posteriormente.
El proyecto presuntamente copiado así como el prejuicio ocasionado a la empresa fue valorado por el denunciante en unos 700.000 euros; en relación a los daños parece que ser que en el proceso de la copia, el investigado dañó archivos propiedad de la empresa, impidiendo que los mismos se puedan abrir.
Por todo ello fue investigado el pasado día 12 de noviembre, quedando a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Daños informáticos
El artículo 264 del Código Penal señala como delito "el que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años de prisión".