La intervención policial tuvo lugar tras las quejas vecinales del entorno de la finca donde se celebraba el evento, en una zona rural de Llano del Moro, donde los agentes se personaron y comprobaron que carecía de la autorización del área de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Cabe recordar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han intensificado su labor de inspección en la lucha contra los botellones y las fiestas ilegales, reforzando las líneas de actuación, tras los últimos aumentos de casos positivos de Covid-19 vinculados a prácticas relacionadas con el ocio nocturno. Este tipo de infracciones pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros.
