Los hechos se iniciaron después de que la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal ODAIFI de la Guardia Civil del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria y la Unidad de Análisis de Riesgos de Aduana Marítima de la AEAT procedieran a la apertura de un contenedor marítimo, hallando en su interior 52 motores fueraborda de idénticas características a los utilizados por los cayucos procedentes de países de donde parte la inmigración irregular.
La detección de tal cantidad de motores, así como la marca y modelo, llevó a la Guardia Civil a relacionar el origen ilícito de los mismos con una denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Puerto Rico, donde se reflejaba que autores desconocidos habían sustraído cerca de 100 motores fueraborda perteneciente a pateras, además de 30 garrafas de combustible y una embarcación neumática.
Por todo ello se inició una investigación, de la que se pudo saber que el denunciante junto con otro empleado de la empresa responsable del muelle de Arguineguín, auxiliados por un vecino de Santa Lucía de Tirajana, trasladaban motores fueraborda depositados en el recinto portuario, hasta un depósito externo, ajeno a la empresa.
De las gestiones policiales realizadas, se detectó como la vendedora de los 52 motores citados, se correspondía con la pareja sentimental del vecino de Santa Lucía de Tirajana, llevando consigo tras un análisis documental de 16 contenedores marítimos, como la misma procedió a la venta de un total de 208 motores a diferentes ciudadanos mayoritariamente de origen senegalés, introduciendo diferentes cantidades de motores entre las partidas de origen lícito por parte de dichos exportadores.
Por parte de la Unidad de Inteligencia del Centro Coordinador Regional de Canarias, se verificó la procedencia de gran parte de los motores, como pertenecientes a pateras y cayucos arribados a las costas de Arguineguín en el año 2020, quedando plenamente identificada la procedencia ilícita de los mismos.
Todos los hechos anteriores, conllevó a la detección de tres subgrupos perfectamente organizados cuyas tareas diferenciadas consistían la obtención y posterior traslado de motores fuera del muelle de Arguineguín, así como su venta a terceras personas.
Un segundo subgrupo conformado por un total de ocho exportadores, que trasladaban los motores hasta Senegal y un tercero compuesto por personas vinculadas al ámbito aduanero, en el que se encargaban de expedir certificados de buen funcionamiento de motores, así como de falsificar la documentación aduanera necesaria para efectuar las exportaciones de os mismos.
Cabe destacar el manifiesto desprecio por la vida que presumen las mafias, enriqueciéndose a consta de las personas que utilizan la vía marítima de inmigración ilegal, toda vez que las certificaciones de buen funcionamiento presuntamente expedidas para la exportación de los motores fueraborda, carecían de validez, al haber sido falsificadas.