La Guardia Civil inició una investigación a raíz de una denuncia presentada en dependencias de Puerto Rico en el que relataban unos hechos constituidos como un delito de abuso sexual, identificando la supuesta víctima directamente a un varón trabajador de un pub como presunto autor de estos hechos.
Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil activó los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de delitos, comprobando indiciariamente que ya desde el primer momento la denunciante daba versiones distintas, tanto en sede policial y en los servicios médicos a los que acudió por una serie de lesiones en las piernas producidas según la manifestación de la misma fruto del abuso.
Sin embargo los agentes del área de investigación realizaron las pesquisas policiales oportunas, pudiendo comprobar mediante la obtención de las grabaciones de las cámaras de seguridad que no se producía tal abuso y que existían imágenes lo suficientemente explícitas para indicar que la denunciante estaba claramente mintiendo.
Por todo ello se procedió a la investigación de esta mujer de origen noruego por la presunta autoría de un delito de simulación de delito, quedando a disposición del juzgado de guardia de la localidad de San Bartolomé de Tirajana, donde reconoció los hechos que se le imputaban, comunicando el denunciante su intención iniciar acciones contra la investigada.
Simulación de delito
Simular un delito está penado en el Código Penal, los denunciantes siempre quedan informados de la obligación legal que tienen, de decir la verdad (artículo 433 de la LEcrim) y de la posible responsabilidad penal en la que pueden incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal (artículo 456 del Código Penal), simular ser responsables o víctimas de una infracción penal (artículo 457 del Código Penal), denunciar una infracción penal falsa o inexistente (artículo 457 del Código Penal), o faltar a la verdad en su testimonio (artículo 458 del Código Penal.)
Cabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses de hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas.
Este tipo de denuncias además causa un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.